Tegucigalpa, 2 jun. En Honduras persiste un "patrón de atentados" contra la vida y muertes ilícitas contra personas vulnerables y una "impunidad generalizada" debido a la débil impartición de justicia, dijo este viernes el relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
"Persiste un patrón de atentados contra la vida y muertes ilícitas en contra de grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, población LGBTIQ+, personas defensoras de derechos humanos, de la tierra, el territorio y medioambiente, periodistas y comunicadores sociales", subrayó Tidball-Binz, en una rueda de prensa en Tegucigalpa.
Al concluir diez días de visita a Honduras, el relator especial señaló que constató "un deficiente" funcionamiento del Sistema Nacional de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, para atender a los beneficiarios.
Destacó el compromiso del Gobierno de desmilitarizar la seguridad ciudadana, aunque, dijo, que observa "con preocupación" que la Policía Militar de Orden Público continúe participando en tareas de seguridad pública y se registren muertes en el contexto de detenciones y allanamientos en el país.
"La manifiesta voluntad política y los esfuerzos del Gobierno hondureño para fortalecer los derechos humanos deben traducirse en la prevención efectiva y la investigación de las muertes ilícitas", enfatizó.
IMPUNIDAD GENERALIZADA
Tidball-Binz, un médico forense nacido en Chile pero criado en Argentina, resaltó la situación de "impunidad generalizada" en el país debido a una "debilitada procuración e impartición de justicia, incluyendo demoras procesales injustificadas, la nula o limitada posibilidad de participación de las víctimas en el proceso penal y la falta de investigaciones efectivas".
El Estado de Honduras, agregó, tiene "la obligación" de realizar investigaciones de manera "pronta, exhaustiva, efectiva, imparcial y exoficio" de todas las muertes potencialmente ilícitas bajo estándares internacionales, de lo contrario, puede constituirse en una "violación del derecho a la vida".
"Responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales no solo es esencial para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, sino que también para garantizar la no repetición de este crimen atroz", señala en su informe preliminar.
Manifestó su "profunda preocupación" por el alto índice de feminicidios y muertes violentas de miembros de la comunidad LGBTIQ+, y la impunidad que rodea esos casos, y lamentó que el país no cuente con protocolos especializados para investigar estos delitos.
El relator especial observó con "grave preocupación" la alta incidencia de conflictividad en el Bajo Aguán, en el Caribe hondureño, vinculada al acceso a la tierra y los recursos naturales con "impacto agravado" en los campesinos.
De 2018 al 30 de abril de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) registra en Honduras el asesinato de 62 defensores de derechos humanos y cuatro desapariciones.
RECOMENDACIONES
Tidball-Binz elaborará un informe final de su visita que presentará en junio de 2024, pero de manera preliminar recomienda a Honduras erradicar la impunidad imperante y garantizar el pleno derecho a la justicia y reparación de las víctimas y, para ello, pidió a la comunidad internacional y Naciones Unidas apoyar los esfuerzos del Estado.
Honduras debe aprobar el anteproyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y aplicar el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de las muertes potencialmente ilícitas, señaló.
Además, debe establecer un sistema unificado y digitalizado de registro único con datos desagregados de todos los presos y de las muertes bajo custodia, e implementar de manera "urgente" el Manual del Uso de la Fuerza y Armas de la Policía Nacional de Honduras. EFE
ac/szg
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