San Salvador, 4 may. El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) cuestionó este jueves la declaración de un exministro en un juicio que enfrenta por los delitos que supuestamente cometió en el marco de una tregua entre las pandillas entre 2012 y 2014.
Se trata del exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y exministro de Seguridad Ricardo Perdomo, quien recientemente declaró en el juicio contra Funes y contra el general retirado David Munguía Payés, también procesado por dicho caso.
"Según declaró el exdirector del OIE, Ricardo Perdomo, él tuvo conocimiento de la existencia de ilícitos durante la tregua e informó a la Presidencia de esto. Primero, ¿Dónde está ese informe? ¿Por qué no fue presentado en el juicio? Debe haber un registro en los archivos del OIE", publicó Funes en Twitter.
Apuntó que "¿si tuvo conocimiento de la existencia de ilícitos por qué no presentó un aviso a la Fiscalía?", dado que "la Ley le obliga a informar a la Fiscalía de la existencia de algún ilícito si tiene conocimiento de este".
"De ser así, Perdomo debería ser acusado del delito de incumplimiento de deberes que es el mismo delito por el cual estoy siendo procesado", sostuvo el exmandatario.
Indicó que "siendo ministro de Seguridad, si se siguieron cometiendo ilícitos en la tregua ¿por qué no hizo nada para evitarlos?".
Una corte de El Salvador instaló a finales de abril un juicio penal contra Funes y David Munguía Payés, también exministro de Seguridad y de la Defensa, a quienes la Fiscalía acusa de "negociar con pandillas y otorgarles beneficios".
Los delitos atribuidos a Funes son agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, mientras que Munguía Payés, además de esos dos cargos, es acusado también de actos arbitrarios.
Funes, que gobernó bajo la bandera de la exguerrilla de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se encuentra en Nicaragua y enfrenta el proceso penal en calidad de ausente, tras una reforma legal que permite que una persona sea juzgada aunque no esté presente.
Según el Ministerio Público, esta tregua estipulaba favores para estas bandas, como beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios dominados por dichas estructuras.
Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios.
No obstante, en el juicio contra los llamados operadores de la tregua, el general retirado Munguía Payés, declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de "pacificación".
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