Guatemala: Víctimas censuran impunidad en delito a humanidad

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una familia guatemalteca denunció el jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado sigue violando sus derechos, luego de que Guatemala incumpliera la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos por delitos cometidos por agentes del Estado. Cuestionan que se quiera revertir la sanción y dejar el caso en impunidad.

Se trata de la familia Molina Thiessen, parientes de Marco Antonio Molina Thiessen, detenido y desaparecido en octubre de 1981 cuando tenía 14 años, presuntamente en represalia por la fuga de su hermana Emma Molina de un cuartel militar. Ella había sido detenida por agentes de seguridad del estado guatemalteco por su militancia política, según la denuncia.

La sentencia de la Corte Interamericana emitida en 2004 contra Guatemala ordenaba al Estado investigar y llevar a juicio a los responsables de la desaparición de Molina Thiessen hace ahora 41 años, así como buscar sus restos.

En una audiencia para conocer si el estado guatemalteco había cumplido con el mandato, defensoras de los Molina Thiessen dijeron que el Estado no ha buscado a Molina Thiessen y que, por el contrario, la Fiscalía tramita una denuncia contra la familia. También reprocharon que se haya criminalizado a jueces que condenaron a los responsables de la desaparición del joven de entonces 14 años.

En 2018, un tribunal de Guatemala impuso penas de prisión de entre 33 y 58 años de prisión por delitos contra los deberes de la humanidad, por violación con agravación a la pena y por desaparición forzada a los militares Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas, Hugo Ramiro Zaldaña y Francisco Luis Gordillo, por la desaparición de Marco Antonio y la violación de su hermana Emma Molina.

Sin embargo, las abogadas de la familia reprocharon ante la Corte que la sentencia, recibida en su momento como una luz, aún no está firme. Denuncian que están enfrentando obstáculos que buscan revertir el fallo y dejar el caso en impunidad.

La defensa pidió que la Corte haga “un enérgico llamado de atención al Estado” por el incumplimiento de su fallo.

Ramiro Contreras titular de la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos, en representación del Estado, dijo que Guatemala sí ha implementado acciones para cumplir con la sentencia. Citó, como muestra, la creación de un Instituto para la Víctima, dirigido a asistir a víctimas de delitos. También recordaron la apertura de un banco de datos de ADN.

Gisela de León, abogada de los familiares recalcó que a casi 20 años de la sentencia de la Corte Interamericana, “lamentablemente, en este tiempo, la familia Molina no ha visto un solo avance" para la búsqueda y localización de los restos de Marco Antonio.

Según las quejas planteadas, la abogada guatemalteca Karen Fisher, defensora de militares acusados de crímenes de guerra, denunció a los integrantes de la familia Molina Thiessen por presunta denuncia falsa. Aduce la acusación que el hijo menor no estaba desaparecido y que era el esposo de una de las familiares.

Pese a que se practicaron análisis de ADN que desestimaron el parentesco, la denuncia del Ministerio Público sigue abierta, dijeron las abogadas.

Además, reprocharon que se haya separado del cargo a uno de los jueces que condenó a los militares. Se le investiga, según la defensa, con la intención de retirarle la inmunidad por una discusión con policías en un incidente de tráfico.

“Ha continuado el contexto de persecución de las víctimas, familiares, operadores de justicia relacionados con los procesos penales de graves violaciones cometidas durante el conflicto armado”, concluyó la abogada Marcela Martino, de la organización Cejil que representa a las víctimas.

Una treintena de jueces, fiscales y abogados se han exiliado durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, alegando persecución judicial en su contra. La comunidad internacional ha dado señales de alerta por un deterioro del Estado de derecho en el país.