Santiago de Chile, 1 oct. En La Araucanía "tenemos enormes tareas", según dijo este sábado la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, durante la segunda jornada de su visita a esa región sureña, escenario de un enconado conflicto territorial que enfrenta a comunidades indígenas mapuche, empresas extractivistas forestales y al Estado.
“La colaboración entre instituciones puede construir acuerdos (…). Lo que más requerimos en la región son respuestas a problemas que llevan décadas, independiente del Gobierno de turno”, señaló la ministra.
El mensaje de Tohá, que asumió la cartera de Interior el pasado 6 de septiembre, puso énfasis en el lugar que tendrán la reactivación económica y la seguridad para el presupuesto 2023, puntos de gran relevancia para la zona en tanto concentra uno de los índices de pobreza y desempleo más altos del país.
“Los énfasis en materia de seguridad del Presupuesto se manifiestan en incrementos y recursos adicionales para Carabineros (Policía militarizada), Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas, entre otros”, apuntó Tohá.
Se trata del primer viaje de la cabeza del Ministerio del Interior a la llamada "macrozona sur", al menos desde el fallido intento de la entonces ministra Izkia Siches de entablar diálogo con algunas comunidades mapuche en conflicto tras ser recibida con tiros al aire mientras pasaba con su comitiva en una zona rural, en marzo pasado.
En el marco de su visita, Tohá ha sostenido encuentros con diversas autoridades y organismos regionales, entre ellos el Consejo Regional contra el Crimen Organizado y el jefe de la Defensa Nacional, general de brigada Rubén Castillo.
La semana pasada, el Congreso Nacional aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional que rige toda la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío, más de 700 kilómetros al sur de la capital.
Esta zona sufre desde hace meses una escalada de sabotajes a maquinaria forestal, incendios a propiedades y viviendas, además de robo de madera y tiroteos.
Esta herramienta constitucional permite el despliegue militar en la zona para que ayude a Carabineros a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la “Pacificación de La Araucanía”.
Parte de la izquierda y los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias medidas más transversales y a largo plazo. EFE
ssb/eat
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