SAN SALVADOR (AP) — El expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y el exdiputado de la Asamblea Legislativa, Rodolfo Parker, no se presentaron el martes a la cita girada por un juzgado para notificarles los delitos que les imputa el Ministerio Público por su presunta participación en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrado por un comando del ejército en noviembre de 1989.
El Ministerio Público presentó una acusación contra el expresidente Cristiani (1989-1994), el exdiputado Parker y diez altos mandos militares de la época a los que se vincula con la autoría intelectual en la matanza. La decisión de encausar a los supuestos autores intelectuales se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su decisión de reabrir el caso.
El exjefe de la Fuerza Aérea, general en situación de retiro, Juan Rafael Bustillo, el primero en ser notificado, se presentó ante el juzgado para escuchar los cargos que le imputan y en breves declaraciones a los periodistas dijo que llegaba a decir “toda la verdad y nada más que la verdad”. Añadió que “siempre he sido responsable, una persona responsable, un hombre responsable y por eso he venido aquí, para que todos tangan conocimiento que yo no me ando escondiendo”.
El resto de militares han sido citados para presentarse ante la justicia en los próximos días.
A Cristiani lo acusan de la responsabilidad penal por omisión en el caso de la masacre, mientras que Parker es señalado por los delitos de fraude procesal y encubrimiento. Los dos fueron citados para el martes, pero no asistieron ellos, ni sus abogados.
Según un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó los crímenes cometidos durante la guerra civil de 1980 a 1992, “existe plena prueba de que el Licenciado Rodolfo Antonio Parker Soto, miembro de la Comisión de Honor (de la Fuerza Armada) alteró declaraciones para ocultar las responsabilidades de altos mandos en el asesinato”.
Cristiani salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno. Se especula que vive en Italia. El exmandatario ha negado cualquier implicación o conocimiento del plan para matar a los sacerdotes.
Las autoridades han dicho que se desconoce el paradero del exdiputado Parker, quien habría salido del país después de concluir su periodo legislativo el 30 de mayo de 2021.
La ley de amnistía general de 1993, promulgada en el gobierno de Cristiani y derogada en 2016, ha impedido procesar a los involucrados en crímenes de guerra.
Recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó a la Sala de lo Penal modificar la resolución del 8 de septiembre de 2020, que establecía que no debería de investigarse a los autores intelectuales de la matanza y decretaron el sobreseimiento definitivo. Después de conocer la resolución, en diciembre, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó una denuncia ante la Fiscalía contra dos magistrados por negarse a reabrir el caso, pero no se le había dado tramite.
El Ministerio Público pidió en noviembre a la Corte Suprema que anulara el fallo de la Sala de lo Penal y que ordenara la reapertura del caso.
Después de que la Corte Suprema declara inconstitucional la ley de amnistía que impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra, la comunidad jesuita salvadoreña ha estado batallando para que se permita la reapertura del juicio. Los jesuitas insisten en el esclarecimiento de la autoría intelectual, que se investigue la participación de los militares y del mismo expresidente Cristiani.
En un juicio considerado poco transparente, el coronel Guillermo Benavides, dos tenientes y cinco soldados del batallón elite Atlácatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados. Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre, responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.
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