El gobierno hondureño de Xiomara Castro declaró al país "libre de minería a cielo abierto" y anunció la "cancelación" de las licencias, permisos y concesiones, hecho celebrado el martes por ambientalistas pero que provocó incertidumbre en la industria.
"Se declara todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto (...) y se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de las licencias ambientales, permisos y concesiones", dijo el lunes en un comunicado la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.
"Se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista por ser lesivos contra el Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derechos humanos", añadió.
De acuerdo con la Secretaría, "las áreas naturales de alto valor ecológico serán intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación y beneficios comunes para el pueblo".
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras saludó la medida, al considerar que primó "el principio de justicia climática y en protección de los recursos naturales, la salud pública y el acceso al agua como derecho humano".
Al asumir el poder el 27 de enero, la izquierdista Castro anunció que la prohibición de la minería a cielo abierto era uno de sus planes.
Para el asesor de la Asociación Nacional de Mineros de Honduras, Santos Gabino Carvajal, el comunicado del gobierno es "muy ambiguo" porque "prohíbe hasta la extracción de piedra y arena para la construcción y atenta contra la Ley de Minería".
"Vamos a solicitar ser escuchados por el gobierno", afirmó Carvajal.
"Se trata de hacer una minería que no dañe a las personas y al medio ambiente pero aquí lo que se hace es prohibir, matar la posibilidad de desarrollo. En Centroamérica, el país que mayor potencial de oro tiene es Honduras", aseguró.
Carvajal precisó que en Honduras solo hay una minera a cielo abierto operando en San Andrés, departamento de Copán (noroeste), controlada por la multinacional Aura Minerals, que explota y exporta oro.
Sin embargo, ambientalistas reclaman por una operación de óxido de hierro de la minera Los Pinares, en la jurisdicción de Tocoa (noreste), a la que acusan de dañar una reserva forestal. En 2018, ocho ambientalistas fueron presos tras manifestarse contra esa actividad. Recién fueron liberados este año.
"Esperamos que no sólo revoquen las concesiones sino que (las mineras) sean sometidas a la justicia, reparen a las víctimas", dijo el abogado Víctor Fernández, defensor de los ambientalistas.
En Centroamérica, El Salvador fue el primer país en prohibir la minería metálica en 2018, mientras que Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010.
nl/mav/ll
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