Una polémica por la proporción de castellano que se usa en las escuelas de Cataluña volvió a encender la mecha de un independentismo catalán en horas bajas, y sirvió por igual a la derecha para fustigar al gobierno español por negarse a intervenir.
Bajo el lema "¡Ahora y siempre, la escuela en catalán!", miles de personas convocadas por asociaciones educativas, sindicatos y partidos y organizaciones secesionistas marcharon este sábado en Barcelona (noreste), en defensa del modelo lingüístico en las escuelas públicas, donde todas las asignaturas -excepto el castellano- se imparten en catalán.
Aunque es de larga data, el debate sobre la enseñanza en Cataluña se crispó luego de que una familia pidiera en la localidad de Canet de Mar que se cumpliera para su hijo de cinco años una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que en noviembre determinó que las escuelas catalanas deben impartir un mínimo de 25% de clases en castellano.
La familia recibió una catarata de insultos en redes sociales, mientras el gobierno regional independentista de Cataluña, que como en todas las regiones españolas es competente en materia educativa, se ha mostrado reacio a acatar el fallo judicial.
La oposición de derecha reaccionó irritada. El conservador Partido Popular pidió a Madrid intervenir la autonomía catalana en materia educativa y su líder, Pablo Casado, le espetó el miércoles en el Congreso al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez: "¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?".
Sánchez, que al frente de un gobierno minoritario necesita los apoyos de los independentistas catalanes para aprobar los presupuestos de 2022 y otras leyes clave, se limitó a expresar su "solidaridad" con la familia de Canet de Mar y pedir que se acaten los fallos judiciales.
Y acusó a la derecha de "inflamar" el debate. "Nosotros no vamos a estar en esas declaraciones inflamatorias de ustedes, ustedes hablando de apartheid lingüístico", reprochó.
- Reagrupar a las tropas -
Cataluña, que al igual que el País Vasco o Galicia tiene una lengua cooficial, aplica desde hace décadas la llamada inmersión lingüística, reservando al castellano solo dos horas semanales.
El nacionalismo defiende el modelo alegando que el castellano, por su caudal de hablantes y su potencia mediática y cultural, mantiene un uso social preponderante en la región, mientras que el catalán es una lengua vulnerable que debe defenderse.
Los no nacionalistas, de su lado, denuncian que el modelo no garantiza un aprendizaje óptimo del español en la región de 7,8 millones de habitantes.
El sistema "es discriminatorio, porque los hijos de catalanoparlantes sí pueden escolarizar a sus niños en su idioma materno (...) sin embargo, nosotros no", afirmó a la AFPTV Doris López Rodríguez, de la asociación Hispanohablantes que defiende el castellano.
En el ámbito político, el independentismo catalán, que ha perdido fuelle a cuatro años de los convulsos días del referéndum de autodeterminación y la fallida declaración de independencia de octubre de 2017, ha usado la polémica para reagrupar sus fuerzas.
El secesionismo "está muy debilitado, las encuestas te lo muestran. Entonces el tema de la lengua es el elemento al que se agarra (...) para intentar revitalizar a su base electoral", explicó a la AFP Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
La base independentista "tiene un punto de frustración" y "cansancio", señaló.
- División -
Parte de esa frustración viene de la propia división interna del independentismo, que volvió a evidenciarse en esta ocasión.
El partido Juntos por Cataluña, del expresidente regional Carles Puigdemont, huído a Bélgica tras la fallida secesión de España, pidió en su línea confrontativa que la región asumiera la dirección de la escuela de Canet de Mar y se negara a aplicar la sentencia del Supremo.
Pero Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), al frente del gobierno regional con el presidente Pere Aragonès, si bien defendió la inmersión lingüística, pidió no hacer "partidismo" con el modelo educativo y propuso poner dos maestros, uno en castellano y otro en catalán, para garantizar el aprendizaje en ambas lenguas donde sea necesario.
Esta postura de ERC va en línea con su giro hacia posiciones pactistas. De hecho el partido, que mantiene un diálogo con Madrid, consiguió esta semana que el gobierno central aceptara que fondos estatales financien producción en catalán en plataformas como Netflix, a cambio de sus apoyos para aprobar los presupuestos de 2022.
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