
Estrasburgo (Francia), 6 oct (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) reclamó este miércoles que la protección de los niños y de las mujeres sea prioritario a la hora de determinar los derechos de visita y la custodia en casos de violencia doméstica.
La Eurocámara considera esa circunstancia "claramente incompatible" con el interés superior del menor que debe primar en la toma de estas decisiones.
En una resolución aprobada por 510 votos a favor, 31 en contra y 141 abstenciones, el PE señala que la protección de mujeres y niños frente a la violencia y el interés superior del menor "deben prevalecer sobre otros criterios".
Por ello, reclama que las reivindicaciones de los autores o presuntos autores de los actos violentos "deben determinarse a la luz de los derechos humanos de la mujer y los hijos".
"La retirada de la custodia y los derechos de visita de la pareja violenta y la concesión de la custodia exclusiva a la madre, si es víctima de violencia, pueden representar la única forma de evitar nuevos actos violentos", advierte la Eurocámara.
El texto, que recibió el apoyo de todos los grupos españoles salvo de Vox (que votó en contra) y dos eurodiputados del PP (abstención), subraya el "alarmante" número de feminicidios e infanticidios en Europa e insiste en que el acceso a la justicia y el apoyo a las víctimas deben ser "accesibles, adecuados y gratuitos" para las mujeres que sufren de violencia en el marco de su pareja o expareja.
Los autores de este tipo de crimen, reza el texto, "recurren a menudo a los litigios para ampliar su poder y control y seguir intimidando a sus víctimas e infundirles miedo".
Además, continúa el escrito, pueden "manipular al menor y la solicitud de custodia compartida para seguir en contacto con la madre tras la separación", así como amenazar con dañar o llevarse a los niños, lo que repercute gravemente en el desarrollo de los menores.
Todas estas circunstancias, señala la Eurocámara, deben considerarse también formas de violencia de género.
Los eurodiputados piden además a los países europeos que dispongan de mecanismos para que las víctimas de este tipo de violencia que no presenten una denuncia ante la policía puedan acceder a los derechos que se les reconoce a los que sí lo hacen mediante, por ejemplo, el uso de informes periciales de servicios públicos que acrediten su condición.
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