Madrid, 30 jun (EFE).- La Fiscalía española retiró este miércoles la acusación contra Ángel Hernández, un hombre que ayudó a morir a su esposa, enferma terminal de esclerosis múltiple, en Madrid en 2019 y para el que pedía seis meses de prisión por cooperación al suicidio.
El Ministerio Público retiró la acusación en aplicación retroactiva de la Ley de Eutanasia, al estimar que Hernández se encuentra en un supuesto legalmente autorizado.
La Fiscalía, que cuando presentó su escrito dejó claro que no se opondría al indulto si Hernández fuese condenado, sostiene que la ley que acaba de entrar en vigor en España ha supuesto "el reconocimiento legal del derecho a poner fin a la vida en situaciones de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, pasando a proteger legalmente un derecho que antes no tenía cobertura legal".
En su informe, la Fiscalía explica que lo determinante será valorar si, de haber estado vigente la ley de eutanasia en el momento en que se produjo la muerte de su esposa, María José Carrasco, se hubiera activado el procedimiento de asistencia a la prestación de ayuda a morir.
Así, concluye que "en este caso concreto" concurren los requisitos para entender que la conducta de Hernández no debe ser objeto de castigo penal.
En abril de 2019, Ángel, de 70 años, ayudó a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple. Días después tras prestar y admitir los hechos ante un juez, aseguró que no tenía miedo y que estaba muy tranquilo porque su mujer había dejado de sufrir después de que padeciera desde 1989 una esclerosis múltiple con una discapacidad del 82 %.
Desde el pasado viernes España se convirtió en el séptimo país del mundo donde la eutanasia es legal tras entrar en vigor la ley que regula la ayuda médica para morir como "derecho" y prestación sanitaria gratuita, con el apoyo de la izquierda y otras fuerzas y la oposición frontal de la derecha y la ultraderecha.
La eutanasia es legal también en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (ya aprobada, pero entrará en vigor en noviembre) y Colombia. En este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento aprobara una ley.
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