MIAMI (AP) — El exgobernador mexicano César Duarte, acusado en su país de corrupción por malversar millones de dólares de fondos públicos, seguirá detenido en Miami mientras espera una decisión judicial.
Una jueza federal evitó pronunciarse el martes sobre el pedido de extradición y dijo que emitirá una orden escrita en la que revelará si accede o no a la solicitud.
“No anticipo futuras acciones ante mí", expresó la jueza Lauren Fleischer Louis al concluir una audiencia de casi dos horas de duración. "Pondré una orden escrita en el expediente judicial tan pronto como pueda para que ustedes puedan emprender los próximos pasos", dijo.
No adelantó, sin embargo, su decisión. Tampoco precisó cuándo la revelará.
En la audiencia la fiscalía federal aseguró que existen evidencias de que Duarte cometió los delitos y debe ser extraditado. Su defensa reiteró que son cargos políticos.
“El pedido de extradición detalla la corrupción durante el gobierno de Duarte”, expresó el fiscal Jason Wu al comienzo de su alegato. “El tribunal debe certificar la extradición”.
Duarte, que se desempeñó como gobernador del estado norteño de Chihuahua entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. Mexico solicitó su extradición a finales de 2019.
La fiscalía focalizó su atención en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito. Estos testigos son parte de la causa presentada en México y la justicia estadounidense los considera importantes para probar las acusaciones.
Wu dijo que esos testigos, entre ellos un exsecretario de finanzas de Duarte, identificaron al menos 11 transacciones millonarias en las que el exgobernador les habría ordenado desviar fondos públicos a cuentas privadas que sólo él, familiares o testaferros podían administrar.
“Tenía total responsabilidad de los fondos en disputa”, expresó Wu. “Las transferencias beneficiaban a Duarte. Él tenía el control de los fondos públicos", dijo tras describir varias de esas transacciones, algunas de ellas destinadas a comprar vacas y otras a empresas y cuentas de su familia.
Su defensa pidió a la jueza que no considerara lo que habían dicho esos testigos porque sus declaraciones habían sido bajo amenazas.
“Lo que pedimos al tribunal es que evalúe el método, el proceso con el que el gobierno de México obtuvo las evidencias”, expresó el abogado Juan Morillo. “Cuando el testimonio se consiguió de manera ilegal, no se puede considerar”.
Según la defensa, existen motivaciones políticas detrás de las acusaciones y la vida de Duarte correría peligro si regresa a su país para enfrentar un juicio. Las leyes de México no permiten que sea juzgado en ausencia.
Duarte asegura que llegó a Estados Unidos a finales de 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Antes de su detención en julio de 2020, pidió asilo político. El exgobernador del Partido Revolucionario Institucional alega que desconocía sus acusaciones cuando llegó y que llevaba una vida pública, sin ocultarse, en este país.
Para los fiscales, las pruebas presentadas por Duarte buscan evitar su extradición y que sea juzgado en Estados Unidos en un “mini juicio”.
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