SANTIAGO, Chile (AP) — Chile anunció el martes que no firmará el tratado medioambiental de Escazú porque, asegura, aborda en forma vaga e imprecisa materias importantes, impone obligaciones ambiguas al Estado y lo expone a demandas internacionales.
El canciller Andrés Allamand y la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt formalizaron la decisión durante una exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El plazo para ratificarlo vence el próximo 26 de septiembre.
En 2012, Chile fue uno de los impulsores del tratado regional internacional Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Los pilares de éste son el acceso a la información, participación pública en decisiones medioambientales y acceso a la justicia en América Latina y el Caribe.
De acuerdo con un documento de la Cancillería y del Ministerio del Medio Ambiente, Chile terminó por rechazarlo porque contiene principios no definidos que condicionarían su legislación medioambiental y podrían cambiarla, además de que introduciría “obligaciones ambiguas” al Estado y lo expondría a demandas internacionales.
“Chile ya tiene una legislación moderna y muy completa en relación a los derechos a los que se refiere Escazú”, afirmó Allamand, quien agregó que el acuerdo en muchos casos “se refiere a materias de gran importancia de manera vaga y ambigua”. Por su parte, Schmitd dijo que Chile apoya los fundamentos medioambientales del acuerdo, pero su redacción “introduce incertidumbres que no son posibles de solucionar, ya que este tratado no admite ningún tipo de reserva”.
La decisión, anticipada informalmente por Allamand los últimos días, es rechazada por amplios sectores de la oposición de centroizquierda y por líderes ambientalistas.
Rodrigo Mundaca, vocero de una ONG defensora del libre uso del agua, que en Chile está en manos de privados, dijo que la decisión chilena de no firmar “responde particularmente a un modelo de despojo que existe en el país asociado a la explotación intensiva e irracional de bienes naturales finitos, particularmente el suelo y el agua”.
El tratado requiere del apoyo de 11 países y hasta el momento lo han ratificado nueve.
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