El gobierno de Donald Trump vetó a la mayoría de estudiantes internacionales y a todos los estudiantes que entraron en Estados Unidos de forma ilegal de las becas universitarias de emergencia aprobadas por el Congreso dentro del paquete de rescate de 2,2 billones de dólares para aliviar el impacto del coronavirus.
La secretaria de Educación, Betsy DeVos, introdujo la restricción en las nuevas normas publicadas el martes, que indican a las universidades cómo repartir más de 6.000 millones de dólares en becas. Las becas pretenden ayudar a los estudiantes a cubrir gastos imprevistos derivados de la pandemia.
La normativa anterior del Departamento de Educación sugería que los centros tendrían mucha flexibilidad para distribuir el dinero, pero la nueva regulación indicó que solo los estudiantes que pueden optar a otras ayudas federales de educación pueden recibir la ayuda.
Se estima que más de 400.000 estudiantes entraron en el país de forma ilegal. Más de un millón de alumnos internacionales están matriculados en universidades estadounidenses.
Líderes estudiantiles y grupos defensores de los inmigrantes condenaron el cambio, afirmando que DeVos imponía nuevos límites que no aparecían en la legislación aprobada por el Congreso. El paquete de rescate no especificaba qué estudiantes podían recibir el dinero y muchas universidades tenían previsto distribuir las becas de emergencia entre estudiantes necesitados, independientemente de su situación migratoria.
Algunas universidades de prestigio rechazaron los fondos citando la nueva política. La Universidad de Princeton anunció el miércoles que rechazaría los 2,4 millones de dólares que le correspondían de la ayuda por el coronavirus debido a esa cláusula. También la Universidad de Harvard citó ese cambio al anunciar que rechazaría 8,7 millones de dólares en ayudas.
Empleados de la Universidad de California, Riverside, estimaba que tenía unos 600 estudiantes beneficiados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), dirigido a estudiantes que entraron en el país de forma ilegal cuando eran niños. Ahora, señalaron los empleados, recurrirán a otras fuentes de ingresos para ayudar a los estudiantes excluidos del programa federal.
El Departamento de Educación dijo que su medida estaba en línea con otras leyes federales. Angela Morabito, vocera del departamento, dijo que la ley sobre el paquete de rescate “deja claro que este fondo de ayuda financiado por el contribuyente debe ir dirigido a los ciudadanos estadounidenses, algo que se indica de forma repetida en toda la ley”.
Sin embargo, algunos activistas desafiaron cuestionaron esa afirmación. El American Council on Education, una asociación de presidentes de universidades, señaló que el paquete de rescate no establecía límites sobre qué estudiantes podían recibir ayuda.
Los detractores de la medida señalaron que era especialmente injusta porque los mismos estudiantes ahora excluidos de las becas fueron contabilizados en la fórmula utilizada para asignar dinero a los centros.
La United We Dream Network, que defiende a receptores de DACA, dijo que era “cruel” por parte de DeVos excluir a tantos alumnos. Sanaa Abrar, director de activismo del grupo, instó al Congreso y a las universidades a buscar otras formas de ayudar a los estudiantes excluidos por el Departamento de Educación.
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