Por Mayela Armas y Corina Pons
CARACAS, 15 abr (Reuters) - Familias residentes de Catia, una de las barriadas populares más grandes del oeste de la capital de Venezuela, comenzaron a recibir esta semana salvoconductos, el único documento que les permite movilizarse en medio del mayor control social del oficialismo durante la cuarentena por el coronavirus.
El presidente Nicolás Maduro ordenó a mediados de marzo una cuarentena nacional al detectar el brote del virus en el país, una medida que hace poco extendió por otros 30 días y que podría volver a prorrogarse.
En Catia los vecinos recibieron esta semana una sorpresiva llamada de emergencia de los "consejos comunales", estructuras comunitarias creadas por el gobierno y que suelen estar vinculadas al comité que entrega mensualmente bolsas de comida a precios subsidiados, para informarles las nuevas medidas, según dijeron tres líderes comunitarios y diputados opositores.
Los consejos anunciaron a los residentes que las restricciones serían mucho más extremas a partir de esta semana y comenzaron a distribuir pases -cada uno identificado con un número que representa la zona donde habita la familia- con los logos de la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital, ambos bajo control oficialista.
El salvoconducto, una pequeña cartulina amarillenta no más grande que una tarjeta de crédito, debe ser usado por un miembro de la familia, que será quien se podrá movilizar por algunas calles, según relatan testigos de la zona y los pases vistos por Reuters. El tránsito está limitado a ciertas áreas de Catia y a cuatro días a la semana.
Hasta ahora en buena parte de los barrios más pobres de Caracas las medidas de aislamiento se han cumplido de manera parcial y en las calles es común ver casi a diario vendedores informales y personas buscando alimentos y otros artículos debido a sus bajos ingresos.
Darío Vivas, jefe del gobierno del Distrito Capital, confirmó el miércoles en la televisión estatal la ejecución del plan y no descartó su implementación en otras zonas populares de Caracas. "Veremos como funciona en Catia para luego aplicarlo en Petare y otras localidades", agregó.
Para la ejecución del denominado "Plan Especial de Control de la Movilidad", que arrancó el lunes, se instalaron 42 puntos de control donde están los consejos comunales y algunos tienen el respaldo de policías nacionales y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el grupo policial que creó Maduro y atemoriza a muchos en el país.
"Si el FAES dice que no sales, no sales y ya. No hay orden, ni decreto municipal, aquí es la fuerza", dijo uno de los residentes de Catia, que no dio su nombre por temor.
En algunas calles de Catia policías exigían durante la mañana del miércoles que solo circulara una persona con el pase oficial y advertían que el permiso sería hasta mediodía, dijeron dos testigos.
En Venezuela nueve personas han fallecido por COVID-19 y hay 197 infectados por el virus, según los últimos datos oficiales. Pese a que el gobierno asegura que ha logrado "aplanar la curva de casos", se comenzaron a detectar contagios dentro de las comunidades, dicen las autoridades en sus reportes diarias.
"Había que tomar medidas de prevención en Catia, pero cómo le dices a la gente que te vamos a meter más presión si en las casas no hay alimentos ni servicios", señaló un líder comunitario bajo condición de anonimato. En Propatria, un área cercana, "las familias tienen dos semanas días sin agua, no han recibido la bolsa" de alimentos, agregó.
El país petrolero lleva seis años de recesión y sufre severas fallas en el suministro de luz y agua corriente. En medio de la cuarentena, los problemas han aumentado por la falta de gasolina. Adicionalmente, el ingreso de los venezolanos está golpeado por la hiperinflación, que lleva a muchos a buscar trabajos extras para poder adquirir alimentos y medicinas.
Para recibir los nuevos salvoconductos en algunos consejos comunales piden mostrar el carnet de la Patria, una identificación que expide el gobierno de Maduro para optar a pagos especiales y bienes, que sus críticos denuncian como un mecanismo de control social.
(Reporte de Mayela Armas y Corina Pons. Editado por Vivian Sequera.)
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