Los hogares de ancianos están en cuarentena desde hace semanas por orden del gobierno, pero ello no ha impedido una cantidad de contagios de coronavirus, que hacen pensar que las medidas tomadas, incluidas la prohibición de visitas y controles diarios del personal, llegaron demasiado tarde o no fueron lo suficientemente rigurosas.
Recientes brotes en Tennessee, Nueva Jersey, Ohio, West Virginia y Maryland hicieron subir la cantidad de muertos en hogares para ancianos a al menos 450 y resaltan uno de los grandes déficits: El control de médicos, enfermeras y otro personal no incluye pruebas para detectar el virus y se limita a tomar la temperatura y hacer preguntas sobre la salud, que no evitan el ingreso de personas infectadas pero que no tienen síntomas.
“La gente va y viene, y por ello registramos estos brotes en las instalaciones para ancianos”, dijo John BaRoss, de Long Valley, Nueva Jersey, quien hace poco sacó a su madre de 85 años de un complejo de viviendas para ancianos por temor a que resultase infectada.
Luego de un brote con 100 infecciones y cuatro muertes en el Gallatin Center for Rehabilitation and Healing de Nashville, Tennessee --donde la Guardia Nacional ayudó a evacuar la instalación--, el alcalde de Sumner County Anthny Holt atribuyó los contagios a que el personal seguía yendo a trabajar a pesar de tener síntomas de COVID-19 y “expuso a una cantidad de pacientes”.
“Las cosas se les salieron de las manos”, dijo Holt a la Associated Press. “Cuando un empleado empieza a sentir síntomas, se le debe decir que se vaya a su casa inmediatamente y llamar al departamento de salud. No creo que eso haya ocurrido”.
Después de que un brote cerca de Dayton, Ohio, matase a seis personas e infectase a casi 50 en un par de hogares de ancianos a unos 15 kilómetros (menos de 10 millas) el uno del otro, las autoridades de salud investigaron a los trabajadores del campo de la salud que visitan varios hogares en un mismo día y comprobaron que a un individuo que había ida a ambos hogares se le encontró el COVID-19.
El gobernador de Maryland Larry Hogan dijo que un virus que se propagó como un “incendio forestal” en un hogar de Mount Airy, matando a cinco personas e infectando a 77, comenzó aparentemente a partir de un empleado sin síntomas ni fiebre.
Algunos parientes de los ancianos de un hogar de Morgantown, West Virginia, donde 29 personas entre residentes y empelados dieron positivo, se quejaron de que se debió haber hecho más para combatir el virus antes de que el gobierno nacional impusiese restricciones.
“Hasta el día antes de la cuarentena podíamos caminar por cualquier lado. No había ningún control”, sostuvo Courtney Templeton al hablar de su última visita a su madre de 69 años.
Templeton dice que el hogar no examinó a los residentes debidamente ni separó a los que estaban saludables de los que regresaban de un hospital con síntomas de COVID-19, incluida la compañera de habitación de su madre.
“Volvió con tos y fiebre”, declaró Templeton aludiendo a una visita de hace dos semanas, tras lo cual le imploró al hogar que protegiese a su madre. “¿No pueden separarlos? ¿No pueden ponerlos en cuarentena por 14 días?”.
La semana pasada Templeton se enteró de que la compañera de habitación y su madre tienen el virus.
Si bien no hay cifras del gobierno, un recuento que hizo la AP en base a informes de prensa y datos de los departamentos de salud de los estados indica que hubo al menos 450 muertes y 2.000 infecciones en hogares de ancianos.
En todo el país hay más de 15.000 hogares para ancianos en los que viven un millón de personas y los expertos dicen que las cosas pueden empeorar por la escasez de personal, ya que muchos empleados contraen el virus y se quedan en sus casas o porque tienen que cuidar a sus hijos. El control de pacientes y personal no es generalizado y escasean las máscaras y otro equipo de protección.
“Es una emergencia, que ha sido totalmente ignorada”, dijo Charlene Harrington, profesora emérita de la Universidad de California de San Francisco y exfuncionaria de salud a nivel estatal. “No toman en cuenta el hecho de que estas son las personas más vulnerables”.
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En este despacho colaboraron el investigador de AP Randy Herschaft y los reporteros John Seewer (Toledo, Ohio), Michael Kunzelman (College Park, Maryland) y Sarah Rankin (Richmond).
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