Al menos 18 presos murieron y 16 resultaron heridos la noche del viernes en un enfrentamiento entre presos en la cárcel del puerto de Tela, en el norte de Honduras, informaron las autoridades.
Diecisiete de los fallecidos murieron en el interior del penal y uno en el hospital de la región, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en un comunicado, en el que reveló los nombres de todos los heridos y de 14 de los muertos.
El choque entre presos se produjo porque se les decomisaron armas, según informó la portavoz del INP, Digna Aguilar.
Policías y militares lograron retomar el control de la prisión, pero las autoridades enviaron más efectivos para reforzar la seguridad dentro y fuera del centro penitenciario, indicó el INP.
Las fuerzas de seguridad tardaron en entrar en el penal por temor a sufrir disparos, ya que varios presos tenían armas de fuego. Las autoridades precisaron que se habían confiscado cinco pistolas 9 mm y dos cargadores de municiones a los reos.
Agentes especializados y fiscales empezaron a recoger pruebas para esclarecer lo ocurrido.
Inmediatamente después de que se revelaran los nombres de los fallecidos, sus familiares conmocionados llegaron a reclamar los cuerpos, observó un fotógrafo de la AFP en el lugar.
Las autoridades de Medicina Forense subieron los cadáveres en bolsas plásticas y los transportaron a la morgue judicial de San Pedro Sula para practicarles las autopsias.
- Emergencia carcelaria -
A raíz de una cadena de asesinatos, el presidente Juan Orlando Hernández declaró emergencia el martes en los 27 centros penales, que alojan a más de 21.000 reos, lo que implicó pasar el control absoluto de las cárceles a las Fuerzas Armadas y la policía. Aguilar indicó que los militares no habían llegado aún al penal de Tela, en el Caribe hondureño.
Los altos militares anunciaron en rueda de prensa que, en el marco de la emergencia, emprenden un plan estratégico para lograr "la estabilización en el sistema penitenciario".
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Tito Livio Moreno, indicó que los militares se desplegarán en 18 de los 27 centros penales identificados como de "alto riesgo" para garantizar el respeto de los derechos humanos de los presos.
La gota que rebosó el vaso para declarar la emergencia fue el asesinato de cinco miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) a manos de un integrante de un grupo rival el 14 de diciembre en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, a unos 40 km al este de la capital.
El día antes mataron a tiros en el sur del país al director de la principal cárcel de máxima seguridad de El Pozo I, en Santa Bárbara (oeste), Pedro Idelfonso Armas.
Éste había sido suspendido del cargo mientras el Ministerio de Seguridad lo investigaba por haber presenciado cómo unos reos mataban el pasado 26 de octubre a Magdaleno Meza, exsocio confeso del exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández.
Armas estaba conversando con Meza cuando guardias del penal abrieron un portón, lo que permitió que una docena de reos entraran y le dispararan a quemarropa, según un video que circuló por redes sociales.
El presidente Juan Orlando Hernández inauguró en octubre una cárcel de máxima seguridad, para albergar a los pandilleros presos, que, según reconoció el mandatario, ordenan crímenes desde las prisiones.
Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue condenado por cuatro delitos de narcotráfico en una corte de Nueva York.
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Durante un acto oficial en Morales, Bernardo Arévalo destacó que este centro penitenciario, considerado un avance clave para combatir la criminalidad, representa una “decisión firme” del gobierno para recuperar el control institucional y erradicar la impunidad en el sistema penitenciario
