Drogas, el nuevo escenario

106 mil muertos por sobredosis en Estados Unidos en el 2021. En la guerra de Vietnam, que duró poco más de 10 años años, murieron, en total, 58,200 soldados del ejército americano. La dimensión de la epidemia de muertos por sobredosis crea unas nuevas condiciones de política exterior en los Estados Unidos que si en la región no lo entendemos vamos a tener serios, muy serios, problemas.

Hace unos días, la exembajadora de México en los Estados Unidos Martha Bárcena escribió una columna que ilustra la nueva complejidad de la guerra contra las drogas y cómo afectará las relaciones de su país con el vecino del norte. Al hacer un recuento de las nuevas iniciativas legislativas y las corrientes de opinión que han surgido en los Estados Unidos en los últimos meses buscando maneras de contrarrestar esta crisis se queda uno horrorizado. No nos digamos mentiras, más temprano que tarde algunas de ellas se van a materializar.

Escribe la embajadora sobre 21 fiscales estatales estadounidenses (allá cada estado elige su propio fiscal, al ser un país federal) que el pasado 8 de febrero pidieron al presidente Joe Biden y a su secretario de Estado Antony Blinken tomar medidas extraordinarias contra el tráfico de fentanilo proveniente de México. Les piden catalogar a los carteles de Sinaloa, Jalisco y Nueva Generación como “organizaciones terroristas extranjeras”, por representar una amenaza a la seguridad nacional y la salud pública; piden, además, catalogar el fentanilo como arma de destrucción masiva.

Ahí no para la cosa. Escribe la embajadora que el ex Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, pidió declarar esos carteles como organizaciones narcoterroristas y utilizar acción militar directa contra ellos con o sin autorización del gobierno mexicano. En materia legislativa, dos representantes a la Cámara del partido Republicano, Dan Crenshaw, de Texas (quien, además, creció en Colombia) y Michael Waltz, de Florida, presentaron una resolución que autoriza al gobierno de los Estados Unidos el uso de fuerza militar para identificar, combatir y eliminar a nueve carteles donde, además de los antes mencionados, están también La Familia Michoacana y el cartel del Noroeste.

Quienes ven lo sucedido como más de lo mismo, y lo califican simplemente como parte del tradicional intervencionismo americano, se están equivocando. Ese sentimiento que está creciendo en los Estados Unidos y que, además, va más allá de los enfrentamientos bipartidistas, tiene detrás 106 mil muertos en un año, comunidades arrasadas por las drogas y un efecto político brutal, que está cambiando de manera acelerada la actitud de los votantes hacia este tema.

Obviamente, los partidos políticos han comenzado a sintonizarse con este sentimiento de dolor, ira, y llamados a la justicia contra los responsables y de endurecimiento político frente a quienes acusan de tolerar el tráfico de drogas, casi totalmente proveniente de México y Colombia. Lo que está pasando en Estados Unidos con este tema implica un cambio en las reglas de juego con implicaciones inmensas en la política exterior.

106 mil muertos por una mezcla de fentanilo y cocaína no es un tema menor que se pueda justificar como una muestra más del fracaso de la lucha contra las drogas. Ya no es una discusión ideológica o de política pública, hay 106 mil rostros, y familias detrás de esos rostros, que cambian la discusión de manera fundamental, pues el efecto político de esta epidemia ya se comienza a sentir.

No quiere esto decir que sea inminente un ataque de los Navy Seals a una casa en Sinaloa o en Buenaventura en busca de un capo de la droga, o que un dron dirigido desde Las Vegas dispare un misil contra un campamento de las disidencias de las Farc o del Eln, inmersos en el narcotráfico. Pero ese escenario ya no es descartable, en especial en los países que verdaderamente no colaboran en la lucha contra las drogas.

La resolución de los congresistas republicanos seguramente será aprobada en la Cámara en unas semanas. Es muy probable que no pase en el Senado, aunque el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos al cruzar la frontera en Matamoros podría tener como consecuencia el apoyo de algunos senadores demócratas, lo que que lograría que la resolución pase, forzando, seguramente, un veto del Presidente, si es que se da.

Pero así la resolución no pase, por ahora, si se siguen sumando 100 mil muertos al año, más temprano que tarde este poder presidencial para atacar a los carteles y a los traficantes como Al Qaeda va a ser un realidad, y en un escenario como este, y con Colombia dejando de lado sus compromisos en la lucha contra las drogas, como lo está haciendo el presidente Gustavo Petro, el país también tendrá que enfrentar esta realidad.

Mientras ese dramático panorama se concreta, seguramente vendrán duras medidas contra funcionarios y políticos de todo nivel que, por acción o por omisión, favorecen el narcotráfico. Jueces, fiscales, policías, militares, congresistas, ministros e, incluso, en casos extremos, presidentes, van a entrar a un escrutinio distinto. El Kingpin Act le da la autoridad a Estados Unidos para sancionar a esos individuos y hacerles casi imposible su vida social y económica fuera de su entorno.

Recuerdo como embajador en Estados Unidos cuando el presidente Donald Trump lanzó, en una reunión con el presidente Iván Duque, la idea de fumigar con napalm los cultivos de coca; bombardearlos, dijo. Pensé que era una locura, y nadie respaldó semejante barbaridad. Hoy, no estoy tan seguro de que un escenario de este tipo sea imposible, como entonces pensé. Con más de 100 mil muertos al año nada se debe descartar, y quienes juegan cerca a la candela pueden salir quemados.