El juez federal Sebastián Casanello ordenó nuevas medidas de prueba en la causa contra Mauricio Macri abierta por el escándalo de los Panamá Papers. El juez pidió información sobre sociedades que hasta ahora no estaban bajo investigación y que están sospechadas de cometer evasión fiscal y lavado de dinero en paraísos fiscales.
Se trata de empresas en las que habría hecho usufructo el Presidente de la Nación y que no fueron registradas en sus declaraciones juradas.
A pedido del fiscal federal Federico Delgado, Casanello ordenó a la Inspección General de Justicia que le suministre la copia de los legajos desde 1985 hasta 2007 de las empresas Grufarma SA, SOCMA Americana, Global Collection Service, MTC Investment, Macri Investment Group, informaron fuentes judiciales a Infobae.
Además, solicitó a la Oficina Anticorrupción una copia de la declaración jurada de bienes que hizo el Presidente el año pasado. Preguntó también a la Unidad de Información Financiera (UIF) si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en Panamá, Inglaterra, Bahamas, Uruguay y Brasil sobre Kagemusha y Fleg Trading Ltd, junto al requerimiento de información de otras compañías como Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group.
Por último, el juez instruyó la copia de los estatutos de Fleg Trading y de las declaraciones juradas de Franco Macri, el padre del mandatario.
El "conglomerado de sociedades" bajo sospecha estarían interconectadas con Kagemusha y Fleg Trading LTD, las dos empresas offshore originalmente denunciadas y en las que figura el jefe de Estado.
Las medidas de prueba de Casanello pretenden esclarecer qué rol tuvo Mauricio Macri en las sociedades offshore investigadas, si obtuvo beneficios y si cometió algún delito en caso de que se compruebe su participación económica.
Días atrás, el juez Casanello ya había librado exhortos sobre las firmas de la familia Macri en el exterior y había solicitado a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Francisco Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014.
Al inicio del estallido de los Panamá Papers, el Gobierno rechazó las denuncias sobre la existencia de activos de Macri no declarados en el exterior. "El Presidente no tiene cuentas ni activos no declarados en Panamá ni en otros lugares", aseguraba el jefe de Gabinete Marcos Peña. Un mes después, el jefe de Estado reveló la existencia de una sociedad offshore con $18 millones en el paraíso fiscal de Bahamas, luego de recibir una imputación penal por "omisión maliciosa" en su declaración jurada.
Tras las críticas de la oposición, el Presidente aseguró que no infringió la ley y que no había declarado la existencia de sociedades como Fleg Trading LTD ya que no era accionista ni percibía ingresos por su participación. Esa firma estuvo activa hasta 2008, cuando Macri ocupaba el cargo de jefe de Gobierno porteño.