Las conversaciones entre el gobierno nacional y los líderes de los principales sindicalistas, sumado al acuerdo firmado ayer por el salario mínimo descomprimieron el costo político del anuncio que realizará este viernes el presidente Mauricio Macri en Cresta Roja.
El jefe de Estado tomó la decisión de vetar la ley antidespidos sancionada la madrugada del jueves en Diputados y lo comunicará en un acto que se realizará a media mañana.
El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, fue la primera voz de relevancia en graficar cuál es el humor de los popes de los gremios. En una entrevista con Luis Novaresio en radio La Red aseguró: "No está prevista una protesta dentro de la dirigencia gremial".
Es más, el representante sindical evitó criticar al ministro Andrés Ibarra por los despidos en el sector público y aseguró que hasta ahora la administración nacional está cumpliendo con su palabra de no avanzar con más cesantías.
Si bien no se habían expresado con la misma contundencia, otros representantes de los trabajadores habían puesto en duda la posibilidad de conflicto en caso de que el Presidente avanzara con la suspensión de la ley, tal como sucederá.
El titular del Sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, descartó una posible medida de fuerza al considerar que "no" cree que "hoy la cosa pase por la acción gremial". "No creo que hoy la cosa pase por la acción gremial lo que si creo es más que nunca hace falta reunir la Comité Central Confederal para definir los puntos reivindicatorios en el orden político y económico de los trabajadores", manifestó en declaraciones la agencia DyN.
Y el diputado massista y titular del sindicato de peajes, Facundo Moyano, advirtió que si el Presidente resuelve vetar la ley antidespidos "las organizaciones sindicales verán qué es lo que hacen". "Ahora son los sindicalistas, los que tienen representación real y directa en los trabajadores, los que tienen que discutir esta cuestión en el caso hipotético de un veto".
La ley antidespidos convertida en ley por el Congreso prevé la suspensión de las cesantías por 180 días y habilita la vía de la doble indemnización. La oposición considera que es una herramienta para proteger el empleo, sin embargo en el Gobierno están convencidos de que la iniciativa alejará inversiones y complicará las expectativas de la economía.
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