Todos sabemos que Panamá es un paraíso fiscal y no es el único. Que son varios los países que integran los listados por no cumplir con ciertas normas internas en sus sistemas bancarios. Que durante muchos años tener una cuenta en Suiza era sinónimo de plata mal habida. Que la investigación conocida como Panamá Papers, lo que hizo fue poner nombres y apellidos a muchas cosas que se sabían o sospechaban.
Podríamos preguntarnos si es lo mismo tener plata en paraísos fiscales por evasión de impuestos o por blanqueo de capitales. Y creo que no es lo mismo, no tienen la misma gravedad los distintos delitos, aunque ambos son delitos que la justicia debe perseguir sin escatimar recursos. Deberíamos definir qué medidas aplican para perseguir y descubrir a cada una de estas diversas actividades ilícitas, teniendo presente que es distinto defraudar al fisco que a generar fortunas mediante el narcotráfico, la trata de blancas, la venta ilegal de armas y el terrorismo.
Para poder perseguir a quienes utilizan los paraísos fiscales para blanquear o evadir, hay dos herramientas legales que los suelen proteger que son: el Secreto Bancario y el Secreto Fiscal. Herramientas claves y muy útiles para la protección de datos personales de los ciudadanos bien intencionados que nada tienen que ocultar y viven de acuerdo a las normas, herramientas de las cuales quienes cometen esta clase de delitos se aprovechan y utilizan para esconder su verdadera identidad o quedar fuera del control general de la sociedad.
Por otro lado la bancarización de la economía es clave, y es una de las cuentas pendientes que tiene nuestro país. Bancarizando y utilizando medios de pagos electrónicos, se disminuye el circulante de efectivo. La Unión Europea están pensando en eliminar el billete de 500 euros, billete predilecto de quienes atesoran dinero mal habido. ¿Que es más importante perseguir a los delincuentes o los datos personales? ¿Que procesos de apertura e innovación pueden darse para reducir estos delitos sin dañar la intimidad de las personas?
Para empezar es importante que las Declaraciones Juradas de todos los funcionarios públicos estén a disposición de todos los ciudadanos, el Decreto 117/2016 dispuesto por el Presidente Macri, así lo establece, pero solo para funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. A este deberían sumarse los otros poderes del Estado y gobiernos provinciales y municipales; y creo que resultaría conveniente que también lo hagan los miembros de las Fuerzas de Seguridad, los dirigentes sindicales y dirigentes de entidades deportivas.
Otro registro importante a publicar sería el listado de beneficiarios finales y verdaderos dueños de las sociedades que se registran en la IGJ, en definitiva saber a quién corresponde la plata de las empresas que operan en el país. Si se toma esta medida ya no será tan fácil ocultar los intereses oscuros que algunas sociedades persiguen.
Es importante que estos dos registros estén disponibles en internet y en formatos abiertos, a fin de que la sociedad civil mediante periodistas u ONGs especializadas en el tema puedan generar procesos de control y visualizar la información para que toda la sociedad tenga acceso. Con esto no se van a acabar los delitos de evasión o blanqueo, pero se avanzará mediante procesos de apertura de datos en limitar estas acciones y controlar lo que sucede.
A nivel mundial hace falta un debate maduro sobre este tema, por eso creo que aprovechando el envión de apertura que genera el nuevo gobierno de Macri, es importante que empecemos dando ese debate en nuestro país. Las bases del Gobierno Abierto se basan en transparentar la gestión, co crear políticas públicas y fomentar la participación ciudadana, y ese es el escenario que necesitamos para trabajar en contra del lavado y la evasión fiscal. Deben sentarse en la mesa las entidades bancarias, la AFIP, las ONGs, los académicos y los tres poderes del Estado, entre otros y buscar soluciones concretas e innovadoras apalancandose en las nuevas tecnologías, los datos abiertos y la digitalización de los trámites.
Es importante que estos actores se pongan de acuerdo en trabajar para disminuir la economía sumergida, y en mejorar las herramientas legales que utilizan estos delincuentes como escudos para mostrar sus reales intereses. De esta forma se disminuirán las actividades o perseguirán mejor las actividades como el narcotráfico, la trata de blancas y la corrupción y se reducirá la evasión fiscal.
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