Aliento a la inversión. Con el conflicto de los holdouts superado, ahora el Gobierno acelera un nuevo blanqueo de capitales –hasta 2017– para lograr repatriar los dólares que los argentinos guardan en el exterior. Los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y la AFIP trabajan contrarreloj para ultimar los detalles de la iniciativa y enviarla cuanto antes al Congreso.
A diferencia del último blanqueo kirchnerista –que estuvo vigente entre 2013 y 2015– este incluirá una moratoria con condonación de capital y un tope al pago de intereses, según trascendió a la prensa. Además, este nuevo régimen de exteriorización de capitales incluirá moneda nacional, extranjera y bienes no declarados. Así, el Gobierno anhela captar 50.000 millones de dólares. Sin embargo, en el Gobierno algunos sostienen que habría que "eliminar definitivamente" ese impuesto para hacer atractivo el retorno de capitales.
La otra novedad es que la reforma incluiría una elevación del piso en el Impuesto a los Bienes Personales, respecto del tope actual de 305.000 pesos, y podría elevarse a 1.000.000 pesos y modificar las alícuotas vigentes, que actualmente van del 0,5 al 1,25 por ciento.
El proyecto incluirá diferentes alícuotas según la inversión que realice el contribuyente que adhiera a esta iniciativa, en títulos públicos, propiedades o si el dinero permanece en el exterior. En el primer caso, la alícuota será de 0%, y en el último, de 10%, mientras que se está definiendo cuánto se pagará por invertir en el sector inmobiliario.
Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas destacaron que la iniciativa, que se girará en breve al Parlamento, contemple el blanqueo y la moratoria. "Es lógica, porque son complementarias", señaló Humberto Bertazza, titular del Consejo.
El abogado especialista en cuestiones tributaristas Diego Fraga, del estudio RCTZZ, también puso el acento sobre la posibilidad de una nueva moratoria, y consideró que "hay muchas empresas que entrarían".
Por su parte, Andrés Edelstein, de PWC Argentina, sostuvo que el blanqueo "debería ser muy amplio para que la gente pueda traer los fondos o no, en un menú con costos diferentes".
El proyecto también incluirá controles antilavado –artículo revisada por la UIF– y excluiría a funcionarios públicos y a personas procesadas por fraude al Estado y lavado de dinero, según informa en su edición de papel el diario porteño La Nación.
Cabe recordar que durante el blanqueo –que no llegó a dos años– que encabezaron Guillermo Moreno, Ricardo Echegaray, Axel Kicillof, Hernán Lorenzino y Mercedes Marcó del Pont, se obtuvieron apenas USD 2.595 millones a través de la compra de los Cedin y los Baade.
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