Si hay un tema que hoy resulta crucial para la sociedad argentina, es el del empleo. Despidos a mansalva, desempleo creciente, precarización laboral, negociaciones paritarias irreconciliables, salarios atrasados con respecto a la inflación, impregnan las noticias y nos enfrentan a una realidad acuciante, que reclama medidas urgentes.
No cabe duda de que la situación actual no se debe únicamente a las últimas disposiciones en materia de política económica, sino que es una consecuencia directa de doce años de destrucción de la matriz productiva de nuestro país y de prácticas tan nocivas como las que transformaron al Estado en el mayor empleador en negro de la historia argentina.
Lo cierto es que esas prácticas, lejos de garantizar la equidad que pregonaban, nos condujeron a condiciones de precariedad inadmisibles. Hemos tenido doce años de un relato que hoy se desvanece ante la cruda realidad de un país quebrado, con una economía estancada, altísima inflación, hiperconcentración económica en manos de oligopolios amigos del kirchnerismo, pobreza extrema, infraestructura en servicios y en transporte deficiente, y corrupción tan grave que se transformó en una asociación ilícita desde el mismo Poder Ejecutivo.
Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina dependiente de la Universidad Católica Argentina, actualmente un 34,50% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, esto es, trece millones de compatriotas que no acceden a los recursos mínimos para satisfacer la canasta básica total. Asimismo, más de cuatro millones de trabajadores se hallan en condiciones de informalidad. Sin aportes sociales, sin cobertura de salud, sin negociaciones colectivas, librados a las inclemencias de la supervivencia. Nadie los representa. Nadie brega por sus derechos e intereses, en este contexto tan particularmente hostil para los que menos tienen.
Convocar a un Consejo Económico y Social, con la representación de todos los sectores, quizás sea la única forma de que al fin podamos construir consensos y crecer.
A escasos días de conmemorarse el Día del Trabajador, el planteo debería ser, pues, que la lucha de uno fuera la lucha de todos. Que este 29 de abril quien gane la calle sea el movimiento trabajador en su conjunto, como expresión de fuerza superadora de cualquier bandería política y de cualquier iniciativa sectorial. Que la movilización convoque, como ya está previsto, a los trabajadores organizados, con representación gremial y a todas las fuerzas políticas de la oposición, para reclamar por los cesanteados, los mínimos no imponibles, las escalas, la eliminación del impuesto a las ganancias y las legislaciones.
Pero que también sea, fundamentalmente, una manifestación potente de la necesidad de reconstruir el entramado productivo y revalorizar el trabajo como medio de dignificación. Que, finalmente, encienda el alerta de la emergencia ocupacional y se convierta en una de las formas más legítimas de hacer oír la voz de todos aquellos que hoy no la tienen.
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