Durante el mes de abril habrá mucha actividad en los Tribunales de Comodoro Py. El 13 tiene que presentarse a declarar ante el juez Claudio Bonadio la ex presidente Cristina Kirchner por el caso de la venta de dólar futuro.
Y entre el 5 y el 8 de abril tendrán que presentarse a declarar cuatro personas vinculadas al inicio del Fútbol para Todos (FPT), el programa con el que el kirchnerismo estatizó la transmisión de los partidos de los torneos de la AFA en el año 2009.
La jueza María Servini de Cubría citó a indagatoria para el 5 de abril a Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de Buenos Aires y quien allá por 2009 presidió el Comité de Coordinación de Gestión del FPT que estaba integrado por tres representantes del Poder Ejecutivo. La información fue revelada en el programa La Cornisa TV, que conduce Luis Majul y se emite por América, y confirmada a Infobae por fuentes judiciales. Servini tiene a su cargo una investigación sobre el manejo de los fondos millonarios del FPT y los delitos por los que serán indagados son los de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
También fueron citados a declarar Pablo Paladino, Juan Gancerain y Mariano Delorenzi. Paladino coordinó el FPT desde el inicio hasta el último día del gobierno kirchnerista. Gaincerian fue secretario ejecutivo en aquel Comité inicial y estaba al frente de la fue de la Secretaría de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete. El programa FPT dependía de la Jefatura de Gabinete. Delorenzi era el segundo de Paladino y actualmente trabaja junto a Fernando De Andreis en la Secretaría General de la Presidencia de Mauricio Macri.
En Tribunales señalaron que la jueza probablemente continúe con las citaciones a indagatoria de quienes tuvieron mayores responsabilidades a cargo de la Jefatura de Gabinete: Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.
Los citados a indagatoria están acusados de no cumplir con el objetivo principal del programa que era el saneamiento de los clubes de fútbol de primera.
El pedido de indagatoria se basó en un dictamen de los veedores de la AFA Alicia López, Alberto Piotti y Horacio Della Rocca, quienes probaron que el dinero girado por la jefatura de gabinete a la AFA no llegaba en tiempo y forma a los clubes debido a la intervención de intermediarios que le hacían perder a las entidades hasta el 40 por ciento de la plata que debían recibir.
Según se explicó en La Cornisa TV, el sistema de manejo financiero tenía el siguiente mecanismo:
* Los coordinadores y secretarios ejecutivos dependientes de la jefatura de gabinete transferían dinero a la cuenta de la AFA.
* La AFA no le giraba el dinero en tiempo y forma directamente a los clubes, sino en forma diferida, a 30, 60 y hasta 120 días.
* Los clubes, necesitados de cash, los cambiaban en cooperativas, financieras u otras entidades bancarias y así perdían por el descuento hasta el 40 por ciento del monto original.
* La operación, que en principio podría no ser considerada ilegal, sí determinaba, por sus resultados, un incumplimiento de los objetivos del programa. ¿Por qué? Porque, lejos de contribuir al saneamiento de los clubes, los perjudicaba económica y financieramente.
De hecho, alertadas por los veedores y los investigadores de Servini de Cubría, la AFA fue obligada -desde mediados del año pasado- a abrir una cuenta única para que el dinero del programa Futbol para Todos llegue de manera más directa a los clubes, no se mezclen con otros fondos de la AFA, y lleguen sin descuentos o con pérdidas financieras.
En tanto la responsabilidad de los que ocuparon el cargo de Jefe de Gabinete no estaría centrada en el mecanismo financiero sino en otra operatoria vinculada a los convenios de publicidad con la empresa IVECO.
Los investigadores de Servini detectaron que la AFA recibió 4 millones de pesos extra en 2011 por parte de la empresa IVECO, incumpliendo el contrato establecido en el programa FPT.
Del análisis de los libros contables de la AFA y de sus instituciones afiliadas surgió el seguimiento de unos 9 mil cheques cuyo destino no fue controlado por los funcionarios.
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