Los derechos de los jubilados deben ser una prioridad de todo gobierno y es fundamental que el cambio se refleje, también, en los juicios de reajustes jubilatorios. Cualquier jubilado o pensionado que hoy inicie un juicio de reajuste debe atravesar una serie de obstáculos y maniobras estatales dilatorias que, muchas veces, vuelven imposible el acceso a sus derechos.
Cualquier persona que hoy inicie un juicio de reajuste tiene que conseguir primero un turno ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), después enfrentar un mínimo de seis o siete años de idas y vueltas de expedientes judiciales y una vez que se alcanza una sentencia firme, esperar a que, con suerte, se cumpla dentro del plazo legal de 120 días. Y que, con mucha más suerte, la aplicación de los descuentos por topes legales o por ganancias no sea inconstitucional por confiscatoria.
En la última década sólo una reducida cantidad finalizó en tiempo y forma. Ante dicho incumplimiento, el jubilado o pensionado se ve obligado a ejecutar la sentencia judicialmente, lo que genera que el cobro llegue tarde (y en muchos casos, cuando el beneficiario ya ha fallecido).
Tampoco dichas ejecuciones implican una solución inmediata para el jubilado o el pensionado, que cobra el retroactivo a través de embargo y debe continuar reclamando que se le reajuste su haber.
Por último, es importante resaltar que si bien existe y es claro el orden de prelación, que antepone a quienes sufren problemas de salud o tienen avanzada edad para el pago de sentencias de reajuste, la falta de publicidad y transparencia impide corroborar su cumplimiento. Del análisis de los pagos en los últimos años se podría concluir que la selección de los expedientes liquidados respondió a criterios discrecionales y arbitrarios.
Recientemente, el director de Anses, Emilio Basavilbaso, expresó en declaraciones que se estaría evaluando una propuesta sustentable para brindar solución a la problemática. Sin embargo, el pago con quitas, renuncias o en bonos no sería sustentable para los jubilados, condicionados por satisfacer necesidades inmediatas.
Por lo tanto, frente a los juicios por reajuste jubilatorio sólo existe una opción posible: el pago íntegro y en tiempo legal de las sentencias de reajuste.
Aogada y concejal de Vicente López
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