Estas becas, aprobadas este mes de enero, provocaron un encendido debate en Sudáfrica, ya que sus defensores ven en la instauración del criterio una legítima defensa de la cultura africana con efectos beneficiosos para luchar contra el contagio del sida y los niveles endémicos de maternidad adolescente que tiene el país.
Por su parte, quienes se oponen denuncian que este parámetro para elegir a los beneficiarios de ayudas públicas vulnera los derechos de las jóvenes y choca frontalmente con el derecho a la igualdad, que reconoce la Constitución.
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