Suspendieron la personería jurídica de la Tupac Amaru y la Justicia imputó a Milagro Sala

La corriente se resistió a atenerse al régimen que planteó el gobernador Gerardo Morales y continuará su protesta. La presión del gobierno de Jujuy rompió el frente de cooperativas

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Con un ultimátum, Gerardo Morales intentó desactivar el campamento que se montó días atrás frente a la Casa de Gobierno de Jujuy con numerosas cooperativas que se oponían al sistema de reempadronamiento que impulsó el Ejecutivo para regularizar el funcionamiento de los programas y planes sociales. El objetivo se logró a medias: la presión funcionó para algunos de esos grupos, pero para otros no.

La Tupac Amaru, agrupación que lidera Milagro Sala y que la UCR ha acusado de montar un gobierno paralelo durante la gestión del PJ apoyada en redes de clientelismo, no acató los requerimientos y adelantó que continuará su plan de lucha. "Hemos leído el decreto artículo por artículo y no nos asusta. Queremos diálogo, vamos a estar acá y así amenace vamos a seguir acá. Puede presentar 10 mil decretos, 10 mil denuncias, pero a la dignidad de los compañeros no las va a doblegar con denuncias ni con decretos", lanzó la dirigente esta tarde tras una asamblea.

La resistencia tuvo sus costos. Desde las 0 de ese jueves la Tupac Amarú perdió su personería jurídica y con ello se cerraron sus cuentas bancarias. De ese modo quedó imposibilitada de acceder a los bolsones de mercadería, y programas de construcción de obras y accesos a viviendas.

"No van a tener acceso a nada que el Estado tenga para ayuda de la gente, ya sea en sistema de capacitación, cooperativas, bolsones, subsidios de ningún tipo; significa también el cierre de sus cuentas bancarias", dijo el ministro de Gobierno Agustín Perassi, según recoge El Tribuno.

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Pero además Sala aquejó otro impacto. La medida logró fracturar el frente de cooperativas que llevaba adelante el reclamo. Al menos 8 de las 16 que acampaban en el lugar resolvieron dejar atrás la protesta.

"Siempre dijimos que las organizaciones sociales son autónomas. Decidieron irse y somos respetuosos de eso", dijo Sala al respecto. "Había mucha gente que nunca estuvo acampando con nosotros y tampoco pertenecen a las organizaciones sociales", añadió.

Mientras el gobierno provincial define cómo avanzar en el desalojo del acampe, la Justicia imputó a la diputada del Parlasur por instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real a raíz de la denuncia que hizo el Ejecutivo, informó Jujuy Online.

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