¿Qué hubiéramos dicho si lo hacía Cristina?

Todos los elogios a Macri se congelaron anoche, cuando trascendió el nombramiento de dos jueces de la Corte por decreto y se conocieron las justificaciones de la medida

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Uno de los mayores méritos de Mauricio Macri en sus primeros cinco días de gobierno fue poner al país en el sendero de la normalidad. Recibir a la oposición, abrir instancias de diálogo con los gobernadores, terminar con las absurdas retenciones al maíz, trigo, cebada, carne, etc., reaccionar con la seriedad del caso frente a una tragedia como la de Salta, ordenar el malogrado INDEC y preanunciar el final del cepo. Todos los elogios a Macri se congelaron anoche, cuando primero trascendió el nombramiento de dos jueces de la Corte por decreto y en comisión ad referéndum del acuerdo del Senado, y después cuando con el correr de las horas el defensor de la "inusual" medida, el ministro de justicia German Garavano, comenzó a justificarla.

Ya se sabe a esta altura de la mañana que la última vez que se utilizó el mecanismo del artículo 99, inciso 19 de la CN, fue en 1862 cuando Bartolomé Mitre era Presidente. Es decir que en 153 años ningún Presidente resolvió nombrar nada menos que jueces de la Corte Suprema por esta vía. Por algo será.

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El peor argumento de todos los que tuvo que utilizar Garavano –al momento de esta nota el único defensor público de la iniciativa– es que los dos candidatos propuestos son independientes y grandes juristas. Significa eso, que si no lo fueran, ¿sus nombramientos estarían mal hechos? El segundo argumento es decididamente delirante: que probablemente fallen en contra del gobierno macrista por la "calidad" de sus designaciones. O sea, el propio ministro reconoce que el mecanismo no es el correcto y que esto condicionará la opinión de los flamantes jueces. Sin palabras.

La justificación del receso parlamentario tampoco es seria. Con un simple decreto el Presidente puede convocar al Senado a sesiones extraordinarias para poner en marcha el mecanismo habitual de nombramiento de jueces de la Corte. Es verdad que el camino hubiera sido más largo y extenuante por la negociación que deberá llevarse adelante con el peronismo en el Senado, pero es la realidad política con la que Macri llegó al poder. Y que probablemente se debe acordar un candidato propuesto por el peronismo y otro para el radicalismo. En febrero-marzo el tema hubiera estado resuelto, por los caminos normales.

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La más insólita de todas las argumentaciones es la que sigilosamente se hizo trascender anoche: que el Gobierno está enfrentado a la Corte desde el momento que el máximo tribunal falló en favor de una deuda de la Nación con un grupo de provincias durante la transición. Agregaban, para abonar esta explicación, que una charla entre el Presidente Macri y la juez Elena Highton de Nolasco no había sido la mejor. Lo que llevado al extremo significaría que en caso de que en las próximas horas apareciera un fallo a favor del macrismo, el Gobierno archivaría los dos nuevos nombramientos.

No está para nada mal que un nuevo gobierno quiera nombrar jueces en la Corte. De hecho así funciona el Estado. En todos los países, Estados Unidos, por caso, los jueces de la Corte son mencionados por el Presidente que los nominó. Es natural y regular. No será igual el magistrado propuesto por una Casa Blanca conservadora que por una más liberal.

Pero lo que ninguno hará es encontrar procedimientos "inusuales" –el término lo utilizó el propio Garavano esta mañana en radio– para nombrar jueces en la Corte. Dos magistrados nombrados legalmente, pero con evidentes fallas de legitimidad.

La oposición comenzó anoche a reaccionar. José Manuel de la Sota y Margarita Stolbizer son al momento de escribirse estas líneas las dos primeras figuras de la política que reaccionaron en contra. También el peronismo parlamentario en las voces de los jefes de bancada Héctor Recalde y Miguel Ángel Pichetto, clave porque el Senado es donde tendrá lugar la batalla por estos nombramientos.

Entre los constitucionalistas el más lúcido para oponerse a la medida ha sido Daniel Sabsay. "El inciso 19 del artículo 99, cuando dice que se puede designar en comisión empleos que requieren acuerdo del Senado, habla de empleos del Poder Ejecutivo como embajadores o altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Nunca, de ninguna manera, es la cabeza de otro poder (del Estado). ¿Qué grado de independencia pueden tener personas que solo dependen del dedo del Poder Ejecutivo", explicó para agregar quizás el argumento más fuerte desde la policía en contra de la medida: "Ni siquiera a Cristina Kirchner se le ocurrió algo tan disparatado, ¿qué hubiéramos dicho si lo hacía ella? Me da mucha tristeza porque todos los pasos que dio Macri me han emocionado hasta las lágrimas y esto me horroriza".

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