Carlos Liuzzi es el segundo de Carlos Zannini en la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Dejó de ser un funcionario de bajo perfil cuando Infobae reveló que en diciembre de 2013 había llamado al juez Norberto Oyarbide para que suspendiera un allanamiento en una financiera.
El escándalo político–judicial generado por la confesión de Oyarbide, puso a Liuzzi a la luz pública. Desde entonces afronta varios expedientes judiciales. En algunos fue sobreseído pero en otros sigue bajo investigación.
Liuzzi está imputado por el delito de enriquecimiento ilícito en una causa que tiene a su cargo el juez Luis Rodríguez. El funcionario público pasó de un patrimonio neto de $265.000 al final de 2003 para alcanzar un patrimonio neto de $7.482.000 al cierre del año 2014.
El juez ordenó que se hiciera un peritaje de los bienes de Liuzzi y de su familia. Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, el contador Héctor Roccatagliata, integrante del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyó luego de analizar la evolución de la fortuna del segundo de Zannini que "no se puede aseverar que está justificado el incremento o variación patrimonial del imputado Carlos Liuzzi y su grupo familiar".
Como era de esperar, el contador que puso Liuzzi para controlar el peritaje, Martín Diego Della Rocca, señaló todo lo contrario.
A partir de lo concluido por Roccatagliata el juez Rodríguez ordenó una ampliación del peritaje y pidió algunas precisiones.
El juez Rodríguez ordenó ampliar el peritaje
El peritaje se realizó sobre los bienes de Liuzzi, su ex mujer Gloria Martínez, su actual pareja Thaiss del Corazón de Jesús Hidalgo. La ex y su actual pareja trabajan en el Estado. Hidalgo hace unos días fue trasladada desde la Secretaría Legal y Técnica donde revistaba a la Procuración del Tesoro.
Se estudiaron los bienes que Liuzzi incorporó a su patrimonio desde 2002 hasta la presentación de su última declaración jurada. En tanto el peritaje sobre Martínez abarcó entre 2010 y 2014 y sobre Hidalgo entre 2012 y 2014.
Entre los bienes analizados, incorporados al patrimonio de Liuzzi en su etapa de funcionario kirchnerista, se encuentran un departamento en Puerto Madero y una finca en Mendoza.
El perito oficial señaló la existencia de "personas interpuestas" (como se denomina a los testaferros) para el incremento patrimonial de Liuzzi.
Describió, en ese sentido, la situación de la firma Adconsa, que presta servicios informáticos en varias áreas del Estado y especialmente en la Secretaría Legal y Técnica. Esa firma pertenece a un socio de Liuzzi en otra compañía. Y para el perito puede ser una fuente de ingresos no declarados para el patrimonio de Liuzzi.
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El juez Rodríguez, en la ampliación del peritaje, le hizo saber a Roccatagliata que Liuzzi había sido sobreseído por el juez Norberto Oyarbide por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de una denuncia por Adconsa, Y por el propio Rodríguez en otra denuncia similar sobre la situación de Adconsa como prestadora de servicios informáticos de la Secretaría Legal y Técnica. Con lo que le pidió al perito que explique si había detectado otra fuente de ingresos a las arcas de los Liuzzi que no estuviera relacionada con la actividad de la empresa Adconsa.
Roccatagliata también consideró que hubo algunas operaciones inmobiliarias que son poco claras-en las que intervienen familiares de Liuzzi- y que podrían haber sido utilizadas para encubrir el ingreso de dinero. Rodríguez también le pidió precisiones al perito sobre este asunto.
Según el primer informe que realizó Roccatagliata –el mismo que determinó que Ricardo Jaime se había enriquecido ilícitamente–, Liuzzi y su familia tienen problemas para justificar el crecimiento patrimonial. El juez pidió precisiones. Aún no está dicha la última palabra.
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