El radicalismo santacruceño, que postuló a Eduardo Costa como gobernador en las elecciones de octubre, dio un nuevo paso en su intención de frenar la asunción de Alicia Kirchner como sucesora de Daniel Peralta. Acudió a la Corte Suprema para solicitar que congele el trámite, ya que entendió que la Justicia provincial dilata la respuestas a sus planteos.
La actual ministra de Desarrollo Social y su compañero de fórmula, Pablo González, tomarán posesión de los cargos de gobernador y vice respectivamente el 1 de diciembre. Costa objeta la elección ya que se desarrolló bajo el sistema de ley de lemas, que permite que dos candidatos de un mismo partido sumen sus votos en el conteo general.
Auspiciada por los abogados Ricardo Gil Lavedra y Mariano Genovesi, la UCR informó a la Corte Suprema que le había solicitado "al Tribunal Superior, con carácter urgente y con habilitación de días y horas inhábiles, resolviera, de una buena vez, la concesión o denegación del recurso extraordinario federal presentado" para declarar inconstitucional la ley de lemas.
"A pesar del pedido de pronto despacho y de que el recurso extraordinario se encuentra sustanciado y en condiciones de ser resuelto desde hace más de tres semanas, al momento de presentar este escrito en la mesa de entradas del Alto Tribunal, el Tribunal Superior todavía no se ha expedido", se quejó.
En consecuencia, el partido estimó que "resulta más que evidente" que el Tribunal santacruceño "ha tomado la decisión de no resolver el recurso extraordinario antes de la asunción de la gobernadora y vicegobernador inconstitucionalmente proclamados electos", para que "el simple transcurso del tiempo convalide, en los hechos, la aplicación de la inconstitucional ley de lemas".
El radicalismo consideró que "las dilaciones, marchas y contramarchas del Tribunal Superior de Justicia, tienen un claro propósito: que las actuaciones no lleguen en tiempo útil a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
"En estas condiciones, la Justicia de la República Argentina no ha brindado, hasta el presente, la posibilidad de un recurso judicial efectivo que ampare la violación de los derechos inculcados. Así, se está consumando una grave lesión al derecho a la tutela judicial efectiva, con la consecuente responsabilidad internacional de la Argentina, por su incumplimiento a las obligaciones que asumió al suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos", evaluó el partido.
Tras expresar esos argumentos, los radicales solicitaron que "se ordene al Tribunal Electoral Permanente que suspenda la entrega de los diplomas y testimonios a los ciudadanos proclamados inconstitucionalmente gobernadora y vicegobernador electos".
Además, pidieron que "se
, notificándose de ello a la Cámara de Diputados y al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz".
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