Por los juzgados federales no solo pasan los grandes casos de corrupción. También los de drogas o de trata de personas. Y les corresponde intervenir a los jueces federales cuando se producen amenazas de bomba por el delito de intimidación pública.
Después de los atentados en París, existe mucha susceptibilidad tanto en las fuerzas de seguridad como en los estamentos judiciales. Las amenazas, que hasta hace unos días eran realizadas en su mayoría por alumnos para suspender las clases, no son tomadas como bromas por los funcionarios en momentos como el actual.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi comenzó su turno con las fuerzas de seguridad cuando se inició el día lunes. Desde ese momento hasta las 13 de este martes pasaron apenas 37 horas y se hicieron denuncias por 17 amenazas de bombas.
De los 17 llamados, 13 se realizaron en colegios secundarios públicos. Otros tres fueron hechos alertando sobre la existencia de explosivos en reparticiones del estado nacional. Y el restante fue hecho respecto de una sede del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Los llamados tienen como consecuencia no menor la movilización de los agentes de la Policía Federal y la evacuación de alumnos y/o personal para la revisión del lugar. Inclusive la policía debe tomar recaudos extra porque, por ejemplo, cuando evacúa un colegio deben reordenar el tránsito en la zona.
Entre los colegios afectados por las amenazadas están el Mariano Moreno, el Julio Cortázar y las escuelas técnicas Maipú y Fray Luis Beltrán.
Pasó por la misma situación la sede de Paternal del CBC de la UBA. Y hubo amenazas en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y dos sedes de Nación Seguros. La explicación de los llamados a los colegios es bastante simple. Los investigadores no pueden precisar cuál es la intención de las amenazas en otros organismos.
Los policías que reciben llamados habitualmente por amenazas en uno de los colegios se comunicaron con las autoridades de ese lugar. Y los docentes –aunque suene extraño-explicaron que la mayor cantidad de amenazas se daba los días en que un profesor muy exigente tenía sus horas cátedra.
A pesar de que los policías saben que es algo armado por los alumnos tienen que cumplir con el procedimiento con todo lo que ello implica.
Buena parte de los llamados se realizan desde teléfonos celulares hecho que ha permitido identificar a los autores quienes seguramente serán procesados.
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