Hubo un día en el que Mauricio Macri tomó la decisión de que no dejaría que le roben la elección. Le hablaron de miles de urnas en las que había sacado cero voto en las PASO, lo que es estadísticamente imposible, y ordenó revisar con detalle el proceso de fiscalización implementado, pensarlo todo de nuevo, y diseñar un plan que evite infiltrados de otras fuerzas políticas entre sus huestes y que asegure efectividad absoluta.
En la provincia de Buenos Aires, el responsable político del nuevo modelo de fiscalización fue Jorge Macri y el técnico, Andrés Ibarra, ministro de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires. En el piso más alto de un edificio de Vicente López, con vista al río, se reunieron con los responsables de coordinar la fiscalización el 9 de agosto, y allí fue que decidieron cambiar el sistema implementado.
Básicamente, se abandonó la idea de tener fiscales pagos, que siempre encontraban alguien que les pagara más, y se concentraron en grupos de voluntarios amigos o familiares, o "voluntarios por afinidad", con un responsable político que fuera parte de la gestión –o sea, muy conocido–, que se hacía cargo de la fiscalización de una escuela, o dos o tres, en forma completa, con gente conocida entre sí.
Así, cada fiscal que se incorporaba no estaba solo en la escuela asignada, sino con su grupo de amigos o familia, generándole un gran compromiso, pero también seguridad personal, además de la satisfacción de compartir varias jornadas de trabajo en equipo.
Solo para el Conurbano se organizó una fiscalización por escala de responsabilidad, a saber, capacitación de capacitadores (120), de fiscales generales (15.000, o sea, un fiscal general por escuela) y de fiscales por mesa (150.000, o sea, tres fiscales por mesa). En el último tramo se organizó una capacitación de abogados para denuncias por fraude (600), que tuvo reconocidos "alumnos" en las clases, casi todos provenientes de la organización Será Justicia y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
El sistema se complementó con la distribución de escáneres en los principales locales de todos los distritos, que recibían la copia del acta con los datos de cada mesa, y se cargaban para el envío automático a los equipos informáticos instalados en la sede nacional del PRO de la calle Balcarce donde se realizó el escrutinio provisorio paralelo, que estuvo a cargo del subsecretario de Gestión de la Modernización, Eduardo Martelli.
El objetivo era tener la precisión de las urnas donde había irregularidades con la documentación pertinente, para presentarse ante la Justicia al día siguiente de la elección, de modo que antes del inicio del escrutinio definitivo ya se tuviera claridad del porcentaje de votos totales recurridos, y el oficialismo no pudiera dar por ganada la elección por una diferencia mínima.
La distribución de boletas, de las que había en cantidades exorbitantes en los locales partidarios ante la amenaza de robo sistemático, y de viandas para los que pasaron todo el día en el territorio, para evitar que se alejaran de la escuela, fueron otros dos aspectos en los que se dio otro salto organizativo.
También la Cámara Nacional Electoral colaboró estrechamente dando mayor transparencia al comicio, ordenando que los empleados del Correo Argentino que retiraran las urnas para el escrutinio definitivo exhibieran su nombre y documento en una credencial a la vista, para evitar suspicacias sobre la persona que a partir de las 18 horas se llevaba lo que había sido objeto de control y cuidado durante toda la jornada (ver foto). Otro aporte central de la CNE fue la obligación de que el Correo disponga de un sobre con el número de cada mesa para retirar el telegrama con el que se realizó el escrutinio provisorio. De ese modo, había un control estricto del traslado de cada documento para facilitar el seguimiento.
El resultado de lo que el apoderado del FPV, Jorge Landau, llamó "la sobreactuación del control" no pudo ser mejor. En todo el Conurbano apenas hubo 15 denuncias ante la Justicia, siempre por temas menores, salvo un caso en Escobar por una directora de escuela que parece que se excedió en sus deberes de militante de la causa kirchnerista.
Se calcula que en todo el país Cambiemos tuvo más de 300.000 fiscales de mesa y generales, ya que el objetivo era un fiscal general por escuela y dos o tres fiscales por mesa, y hay casi 95.000. Fue un ejército republicano que defendió la transparencia y legitimidad del comicio de las patotas clientelares y violentas, que se creen los dueños del Estado. Se fueron a dormir muy tranquilos el lunes por la madrugada por la satisfacción del deber cumplido. Están festejando esta semana. Pero saben que no pueden dormirse en los laureles. Ya están siendo convocados para empezar la próxima semana con las nuevas capacitaciones para la inédita segunda vuelta, cuando ya no habrá boletas de un metro que defender sino, apenas, nuestros próximos cuatro años.