Políticas integrales y prevención social

La ciudad necesita desarrollar una política integral de seguridad. A pesar del discurso del Gobierno nacional, que niega el crecimiento del delito, la sociedad nota la degradación del sistema penal y tiene cada vez menos fe en las instituciones que le deberían proveer seguridad. Ha llegado el momento en el que el cambio no solamente es posible, sino que es absolutamente necesario. Es una oportunidad muy valiosa, pero es una que no debemos dejar pasar y para ello el nuevo Gobierno nacional debe transferir parte de la Policía Federal y la Justicia nacional a la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Es importante recordar que el problema de la seguridad es multicausal y que toda política seria desarrollada para combatir el delito debe enfocarse no solamente en la función represiva del Estado, sino también en la prevención social y situacional. La inseguridad no se soluciona con arreglos parciales, como aumentando las penas, la cantidad de efectivos policiales o las cámaras de seguridad, sino que requiere políticas de largo plazo dirigidas a mejorar la respuesta estatal frente al delito, la investigación de organizaciones criminales, la situación social de la población, a reducir las desigualdades y dar oportunidades. La complejidad de las soluciones excede este artículo, por lo que me focalizaré, en esta oportunidad, en los componentes de seguridad y justicia.

Según el índice de desarrollo humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Argentina es uno de los países con más altos niveles de robos en la región. También obtiene otros datos preocupantes en este sentido y que muestran que no existen costos para quienes delinquen. Tiene uno de los porcentajes más altos de victimización, es decir, la cantidad de población víctima de un delito. Asimismo, la utilización de armas de fuego en los robos es significativa y la violencia está presente en la mitad de los casos. Estos datos deberían comenzar a preocuparnos lo suficiente como para reconocer la necesidad de una reorientación completa en la administración de todo el sistema penal.

La ciudad de Buenos Aires, el centro político y económico del país, concentra una enorme cantidad de población y de movimiento. Es comprensible, por tanto, que las necesidades en materia de seguridad también sean considerables, sobre todo teniendo en cuenta la falta de apoyo del Gobierno nacional al local en los últimos años.

Hasta este momento ha sido la administración nacional quien ha tenido a su cargo la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Gendarmería, que, junto con la Policía Metropolitana, se ocupan de nuestra seguridad. Sin embargo, el Gobierno no ha fijado una política pública de seguridad. La coordinación entre estos organismos es prácticamente inexistente y esto dificulta en gran medida la persecución del delito. De igual modo, la actuación conjunta entre agencias policiales y Justicia resulta una utopía en este contexto de desorden y anomia.

La Justicia nacional es la principal responsable de administrar la justicia penal de la capital. No obstante, este sistema registra números que muestran un funcionamiento deficiente. De las más de 284 mil causas ingresadas en el 2013 sólo 4.100 tuvieron condena, número que sirve para ilustrar los bajos niveles de respuesta frente al delito. En definitiva, los datos indican niveles de impunidad superiores al 95 %, en un país con delito en crecimiento y con su población cada vez más preocupada por la seguridad.

A estos números, además, debe sumarse la denominada criminalidad negra, es decir, los delitos que las personas sufren pero no denuncian por desconfianza en la Policía y el sistema penal. También son un número significativo en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Es posible cambiar esta realidad. Existen ejemplos que en pequeña medida marcan el camino, como las políticas desarrolladas en materia de seguridad vial y conducción riesgosa, donde agentes de control de tránsito, la Policía Metropolitana y fiscales actuaron coordinadamente para lograr una respuesta estatal efectiva que impactó en la reducción de la cantidad de víctimas. Otro ejemplo fue la profunda reforma de la Fiscalía de la ciudad, que permitió estar más cerca de la gente y de sus conflictos para que la población se acerque a denunciar los delitos que sufrió. En esta línea, se pudo brindar una mayor contención y respuesta a las mujeres que han sufrido violencia de género, como también se ha alcanzado una mayor respuesta punitiva frente a la portación ilegal de armas.

Por ello, es factible producir un cambio que permita mejorar esta situación. Pero para poder obtener respuestas integrales, la ciudad de Buenos Aires necesita el traspaso de una parte significativa de la Policía Federal y de la Justicia nacional a su jurisdicción. Esto es imprescindible para diseñar una política interinstitucional amplia y coordinada en la persecución del crimen y el crecimiento de la respuesta del Estado.

La ciudad debe llevar adelante, a partir de ello, una política pública que contemple una acción coordinada de todas las agencias policiales y el sistema de Justicia para fomentar la red de seguridad que la población reclama. Esta red, junto con las medidas de prevención general que involucran aspectos situacionales, políticos, culturales, educativos y sociales, nos permitirá iniciar un camino que ayude a reducir los conflictos. De este modo, fortaleceremos las bases para generar más trabajo y oportunidades para convivir en paz y armonía.

El autor es Director Académico de Unidos por la Justicia. Consejero Suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Fue Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, y es experto en reformas de Justicia y Seguridad.