Eduardo Cunha, un poderoso político enemigo frontal del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, ya fue acusado en agosto por la Fiscalía brasileña de haber cobrado sobornos por al menos cinco millones de dólares de la estructura delictiva que funcionaba en Petrobras.
Ésta es, sin embargo, la primera vez que el principal partido de la oposición -el socialdemócrata PSDB, que perdió las elecciones de 2014 por un ajustado margen- pide la salida del polémico presidente de la Cámara baja.
Además de marcar la agenda política de Brasil los últimos meses, Cunha es el encargado de dar continuidad en el Congreso a los pedidos de impeachment a la presidenta Rousseff, muchos de ellos propuestos desde el PSDB en su cruzada por abrir un proceso político contra la presidenta.
Uno de los más importantes se espera que sea evaluado por Cunha el próximo martes, en un nuevo día de alta tensión en el Congreso para Rousseff.
"Sobre las denuncias contra el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, publicadas por la prensa, los líderes (...) del PSDB, Solidariedade, PSB, DEM, PPS y Minoria [todos de oposición, ndlr] entienden que debe apartarse del cargo, incluso para que que pueda ejercer, de forma adecuada, su derecho constitucional a la amplia defensa", afirma el comunicado enviado este sábado.
Cunha se defiende
La situación comenzó a complicarse para el jefe de Diputados cuando a fines de septiembre la Fiscalía suiza transfirió a sus homóloga brasileña su investigación contra él por supuesto lavado de dinero y corrupción, después de bloquearle valores de cuentas a su nombre y de sus familiares.
Durante la semana se han conocido a través de la prensa local más detalles de los movimientos de Cunha en sus cuentas suizas, así como las sospechas de que los fondos procedan de los sobornos cobrados a través de la gigantesca red corrupta que saqueó al menos 2.000 millones de dólares a la mayor empresa del país.
Desde que se hizo pública la acusación de la Fiscalía brasileña en agosto, este político evangelista comenzó una guerra abierta contra la administración de Rousseff, pese a pertenecer al (PSBD, centro), partido aliado del gobierno, al sentirse víctima de una persecución y reiteró en varias ocasiones que no pensaba dejar su puesto.
Minutos después del anuncio de la oposición este sábado, Eduardo Cunha repitió que no abandonará su cargo, pero dio un paso más en su defensa.
En un extenso comunicado firmado por su servicio de prensa, no sólo reafirmó no haber recibido ningún soborno de Petrobras o, como ya había aseguró en una Comisión de la Cámara, no tener cuentas en Suiza, sino que acusó directamente a la Fiscalía de no actuar con independencia.
"En varias ocasiones desde el inicio de este proceso, el Presidente de la Cámara ha alertado del sesgo político del PGR [Procurador general de la República, ndlr], que le escogió para investigar, después le escogió para denunciar y, ahora, le escoge como objetivo de filtraciones absurdas (...)".
Sacudida por un torrente de malas noticias en el plano económico y político cuando apenas se cumplen nueve meses de iniciar su segundo mandato, Dilma Rousseff sufrió esta semana otras dos duras derrotas, que dejaron en manos del Congreso el futuro de su gobierno.
El tribunal electoral decidió reabrir una investigación para determinar si se cometieron abusos durante su campaña de 2014 -que tras un complejo camino podría terminar precozmente con su mandato- y un día después la auditoría del Estado rechazó su rendición de cuentas de ese año acusándola de maquillar los números.
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