Crónica de una desilusión y papelón anunciados: Argentina no debate

La decisión de Daniel Scioli de no participar del primer debate presidencial del 4 de octubre próximo detona una enorme desilusión institucional. A más de 30 años de la recuperación de la democracia, algunos candidatos a presidente siguen convencidos que son los dueños del poder público y no meros inquilinos del mismo por sólo 4 años. Debatir, aunque no lo hagan, no es su derecho: es una obligación. Mandato indeclinable que deberían honrar para sí dar cuenta del derecho de los ciudadanos a saber de qué se trata.

La desilusión, la torpeza consumada hoy tiene varios capítulos. El candidato del Frente para la Victoria dice que no debate sino hay ley del Congreso que lo determine. ¿Ahora se acordó? ¿A 10 días del encuentro? ¿Cuántos proyectos tiene presentados el peronismo en estos 12 años de gobierno al respecto? Ninguno. Y aquí no hay excusa porque el kirchnerismo posee mayoría parlamentaria como para haber diseñado sus reglas según su paladar como hizo en tantos otros temas.

Hay también desilusión al escuchar que otros candidatos ahora repiensan (sic) si concurrirán a la Facultad de Derecho de la UBA el próximo domingo ante la baja de Scioli. ¿Qué tienen que pensar? ¿No se cansaron de decir que ellos son distintos, diametralmente, al oficialismo? Por sus gestos los conoceremos. No concurrir con cualquier excusa es demostrar que el cambio propuesto es un barniz superficial que se descascara fácilmente. Mauricio Macri y Sergio Massa, especialmente, más Nicolás del Caño, Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez Saa tampoco tienen derecho a no ir. Apenas los asiste la obligación de decir qué piensan y, nosotros, de escucharlos de què manera lo formulan.

Una tercera desilusión pesa sobre la organización del 4 de octubre. "Argentina debate" es una ONG multipartidaria, con diversos expertos en comunicación política a la que se sumaron reconocidos periodistas y editores de la mayoría de los medios de comunicación. Valeria Cavallo representó a Infobae y conoce como tantos de las horas de invertidas para garantizar el derecho constitucional a la información, hecho añicos hace unas horas. Hace mucho que se trabaja sobre el debate. Hace mucho que se trabaja mucho. A sus reuniones asistieron los más encumbrados representantes de las campañas políticas de los candidatos (de paso, ¿de qué se disfrazarán esos dirigentes que asistieron puntualmente a las reuniones pidiendo, exigiendo, "reglas de respeto" para sus presidenciables?) y plantearon, salvo en el caso de Stolbizer, reglas pétreas y almidonadas para evitar "imprevistos". Imprevistos se define como evitar preguntas de los periodistas moderadores, sortear cruces entre los candidatos no conocidos con anterioridad e infinitos etcéteras. Habrá que decir que "Argentina debate" fue tremendamente (¿innecesariamente?) concesiva en todo para que, al final, al menos un candidato hiciera volar por los aires tanto purismo reglamentario propio de quien tiene miedo a responder claramente.

Por fin, la cuarta desilusión. "Los que saben" del análisis político a la hora de la repercusión ciudadana por no asistir al debate aseguran que el costo para los ausentes será nulo. Si el "que se vayan todos " del 2001 no movió la estructura de fondo ya que hoy siguen estando los mismos reprobados hace 15 años, ¿qué sanción electoral puede pesar para el que no cumple su palabra y su obligación de debatir?

Todas estas desilusiones parecen irremediables. Salvo esta última.

Si los electores tomamos nota del o de los faltazos en el debate a la hora de elegir el voto el 25 de octubre, algo habrá cambiado. Para bien. Para mejorar la calidad institucional que se asienta en el derecho de nosotros de exigir cuentas de manera republicana por los actos de los que aspiran a ser inquilinos del poder. Para demostrarles que los que se sienten dueños de él, se equivocan. Para que la desilusión, en suma, no sea tan grande. De nosotros, depende.