Los jueces adoptaron, por ocho votos a favor y tres en contra, una decisión que declara inconstitucionales las donaciones por parte de empresas privadas a campañas electorales, permitidas y reguladas desde 1995 y mantenidas en una reforma de ley aprobada hace pocos días por el Congreso, que aún no ha sido sancionada por la presidente Dilma Rousseff.
La mayoría de los jueces consideró que, como dijo el magistrado Luiz Fux, instructor del caso, al permitirse la financiación de partidos y sus campañas electorales por parte de empresas privadas, "el poder económico acaba capturando al poder político".
En su decisión, la alta corte señaló que esta sentencia no se puede aplicar en forma retroactiva a procesos electorales ya realizados y aclaró que deberá comenzar a aplicarse a partir de las elecciones municipales que se celebrarán en octubre del año próximo.
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La demanda fue presentada por el Colegio de Abogados y tramitaba en la Corte Suprema desde 2013, por lo que la decisión se limita a un artículo sobre el asunto de la ley que está en vigor hasta hoy y que las Cámaras sustituyeron con una reforma aprobada la semana pasada, aunque sin alterar lo relativo a la financiación.
Según expertos jurídicos, la decisión del Supremo podría darle soporte a Rousseff para vetar la nueva ley, a la que la propia jefa de Estado se ha opuesto precisamente porque también sostiene que se debe prohibir la financiación de actividades políticas por parte de personas jurídicas.
En caso de que Rousseff sancione la nueva legislación, el Colegio de Abogados ya ha anunciado que se propone recurrir ante el Tribunal Supremo para insistir en la tesis de la inconstitucionalidad que los jueces han respaldado este jueves.
La demanda fue presentada por el Colegio de Abogados
En opinión de los magistrados, la posibilidad de que empresas privadas financien la política fue uno de los factores que propició la red de corrupción que se enquistó en la estatal Petrobras, de la que fueron desviados unos 2.000 millones de dólares durante la última década, según la propia compañía.
El escándalo ha salpicado a una veintena de importantes empresas privadas y a medio centenar de políticos, que en su mayoría son de la base que apoya al gobierno de Dilma Rousseff.
Según las autoridades, las empresas obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus valores y luego repartían esas diferencias entre los políticos y directivos de la petrolera que amparaban esas corruptelas.
Se tramitaba en la Corte desde 2013
La Policía sostiene, además, que los políticos muchas veces recibían el dinero de la corrupción petrolera "disfrazado" bajo la forma de "donaciones" para sus campañas, las cuales eran debidamente declaradas ante las autoridades electorales y fiscales.
Una de las campañas que está bajo sospecha es la que llevó el año pasado a la reelección de Rousseff, de la cual se sospecha que fue alimentada, en parte, con recursos desviados de la petrolera estatal de forma ilegal.
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