Luego de la supuesta "década ganada", el país volvió a tener un nivel de deuda público similar al que antecedió la crisis económica de 2001. Así surge de un estudio difundido por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que concluyó que en los últimos cuatro años el stock total del pasivo aumentó en casi 58.000 millones de dólares. "Gran parte de ese incremento se explica por un mayor endeudamiento con los propios organismos estatales, principalmente el Banco Central", especificó.
En términos nominales, el nivel de endeudamiento actual excede en u$s40.000 millones al máximo valor alcanzado en 2004, antes del canje de deuda, cuando el Gobierno obtuvo una quita del 70% y una adhesión del 76% entre sus acreedores internacionales. En 2010 reabrió el canje de deuda y a fines de 2014 el stock acumulado del pasivo se ubicaba en u$s233.400 millones, cifra que representa un 45% del PBI.
"Si bien en términos del PBI el porcentaje actual es sustancialmente más bajo que en 2004 (45% versus 106%), la importancia de la deuda actual en el producto se encuentra en niveles similares al período 1999-2000, en el cual el endeudamiento ya empezaba a constituir un problema difícil de manejar", definió el estudio.
Actualmente el 61% de la deuda se encuentra en manos del propio Estado: 39% de la deuda está en manos Banco Central, 16% en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de Anses, y 6% en otros organismos estatales y Banco Nación.
El informe de Iaraf resaltó que la deuda "intrasector público" no puede ser ignorada y evaluó que "la contracara de esa deuda es un deterioro progresivo del balance de la autoridad monetaria y del fondo de Anses".
"Si bien una porción significativa de la deuda está en manos del propio Estado, por la importancia de las entidades oficiales que la poseen, el hecho de honrar a tiempo esos compromisos tiene hondo impacto en toda la sociedad argentina y particularmente en los jubilados", consideró Iaraf.
Durante el próximo período presidencial se deberán afrontar vencimientos totales de deuda por pagos de amortización e interés, que parten desde u$s30.500 millones en 2016, y van descendiendo a u$s21.500 millones, u$s17.200 millones y u$s15.700 millones, en 2017, 2018 y 2019, respectivamente.
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