La Cámara Federal de Casación Penal evaluará la pretensión de la Unidad de Información Financiera (UFI) de ser aceptada como querellante en una causa en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, en concreto, la apropiación y posterior venta de los bienes de los hermanos Iaccarino.
El pedido del titular de la UIF, José Alberto Sbattella, fue rechazado por el juez de primera instancia, en un fallo que fue ratificado el 23 de diciembre del año pasado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La decisión, a su vez, fue apelada y denegada, pero ahora la Sala IV de la Cámara de Casación -integrada por los magistrados Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos- aceptó un recurso de queja y estudiará el planteo.
Los hermanos Rodolfo, Alejandro y Eduardo Iaccarino fueron secuestrados en noviembre de 1976 por un grupo de tareas en Santiago del Estero y trasladados luego a distintos centros clandestinos que integraban el llamado Circuito Camps, en referencia al ex jefe de la Policía durante la última dictadura.
Su secuestro fue planeado en complicidad con empresarios santiagueños que no veían con buenos ojos la perspectiva social de sus emprendimientos, que además de darle numerosos beneficios a sus empleados habían logrado bajar el precio de la leche en Buenos Aires.
Durante su cautiverio en el centro clandestino de detención "El infierno", en la Brigada de Lanús, los hermanos fueron obligados a firmar un poder para que su padre venda sus siete empresas y un avión que tenía la familia a cambio de 28 hectáreas de una cancha de golf de un hotel en Córdoba que ni siquiera les entregaron. Entre sus bienes estaban Constructoras Sureña Argentina SA, Ilumbras SRL, Ciatra SH, Industrias Lácteas Santiagueñas Sacifa, establecimiento agropecuario La Marta y MM El Milagro.
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