El diputado porteño del Frente Renovador Javier Gentilini presentó en la Legislatura Porteña un proyecto de ley para ayudar psicológica y económicamente a las víctimas de la tragedia de Beara que el 10 de septiembre de 2010 dejó dos víctimas fatales, Paula Provedo (20) y Ariana Lizarraga (21) tras derrumbarse un entrepiso del boliche.
Según comunicaron, la iniciativa pretende ofrecer a sobrevivientes y familiares de las víctimas prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica por los próximos diez años. "Lo que no se hizo antes no justifica que no se haga lo que se debe hacer para que se atiendan cuestiones esenciales", explicó Gentilini, en la presentación, frente a familiares de las víctimas.
Entre los fundamentos del Proyecto, se señala que "se pretende brindar ayuda material directa a las víctimas que hoy se encuentran en estado de vulnerabilidad como consecuencia del impacto provocado en sus vidas por esta tragedia. Es necesario también que esta ayuda material se coordine con otras acciones, tales como atención médica, psicológica y social para las víctimas, pensando en la integralidad del daño sufrido".
El artículo 7 habla de una asistencia económica mensual por 10 años a los beneficiarios: $8.000 para los familiares de las víctimas fatales y $4.000 para los sobrevivientes de la tragedia. Además, el proyecto contempla que se "convocará a los beneficiarios con preferencia y por los medios que considere convenientes a participar de los concursos públicos que se dispongan para cubrir vacantes en el sector público. Asimismo diseñará e implementará acciones, políticas y programas, incluida la celebración de convenios, a fin de promover la capacitación de los beneficiarios/as para la mejora de las condiciones de empleo en el mercado de trabajo".
En la madrugada del 10 de septiembre de 2010 el entrepiso del boliche Beara, ubicado en Scalabrini Ortiz al 1600, se derrumbó durante una fiesta y Leticia Provedo de 21 años y su amiga Ariana Lizarraga, de 20, murieron aplastadas por los escombros, mientras que otras 20 personas resultaron heridas.
Cinco años después, la Cámara del Crimen procesó a funcionarios, empresarios y constructores que intervinieron en la habilitación del boliche y aseguró que hubo pago de sobornos para que el mismo permaneciera abierto.
La Sala VII del Tribunal sostuvo: "El pacto venal se ha acreditado a través de las constancias informáticas, de las que surge que, dentro del presupuesto de Beara, hubo de contemplarse el pago de dinero en concepto de lo que vulgarmente se denomina cometa a fin de obtener la habilitación del local".
En enero de 2015, los jueces confirmaron los procesamientos del ex jefe del Departamento Esparcimiento Norberto Cassano; del inspector Carlos Gabriel Mustapich; de los empresarios Juan Carlos María Yun; Agustín Dobrila; Roberto Martín Kattan Coria; Ivan Andrés Fliess y Ronaldo Fliess; de los gestores de las habilitaciones Leandro Camani y Matías Pantarotto; del arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones Isaac Rasdolsky y del maestro mayor de obras Gustavo Amaru.
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