AP 163
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La fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, ordenó ayer el arresto de 14 dirigentes de la FIFA bajo la acusación de tejer una red de corrupción que operaba desde ese país, donde además recibía los pagos.

La ley que les será aplicada es la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO.

Esta normativa federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa.

La ley RICO define una "empresa" como cualquier persona física, entidad comercial, asociación, sindicato o grupo de individuos. Está codificada bajo el Capítulo 96 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, que se ocupa de delitos federales y del procedimiento penal.

Fue impuesta, según el gobierno de los EEUU, a fin de desarticular "organizaciones" ilícitas como la mafia y los cárteles criminales. No obstante, desde que comenzó a ser implementada, su campo de acción ha sido más amplio de lo previsto.

Actualmente la RICO enumera 29 delitos federales y ocho estatales. Algunos de los más determinantes son:

  • Cualquier violación de las leyes estatales en contra de los juegos de azar, el asesinato, el secuestro, la extorsión, incendio, robo, el soborno, el tráfico de material obsceno, o la negociación de una sustancia controlada o químico listado;
  • Cualquier acto de soborno, la falsificación, el robo, la malversación, el fraude, el tráfico de material obsceno, obstrucción de la Justicia, la esclavitud, la extorsión, el juego, el lavado de dinero, la comisión de asesinatos a sueldo, y varios otros delitos contemplados en el Código Penal Federal;
  • Malversación de fondos sindicales;
  • Fraude de quiebra o fraude de valores;
  • El tráfico de drogas, a largo plazo y las redes de drogas elaboradas también pueden ser procesados mediante el Estatuto de empresa criminal;
  • Infracción de derechos de autor penal;
  • El lavado de dinero y delitos conexos;
  • Traer, prestar ayuda o asistencia a los extranjeros para entrar ilegalmente en el país;
  • Actos de terrorismo.

Un miembro de una empresa criminal que haya cometido al menos dos de estos 37 delitos, dentro de un plazo de diez años, puede enfrentar cargos como el de extorsión criminal, el cual conlleva una pena que va desde una multa de u$s25.000 hasta 20 años de prisión.

Toda persona convicta de este delito pierde el derecho a disponer de los fondos y de sus intereses, obtenidos como resultado de dicha actividad criminal. Asimismo, bajo esta ley, una persona que ha sido afectada por extorsión criminal puede presentar una demanda por daños y perjuicios y ser acreedora a una indemnización de hasta tres veces las pérdidas reales sufridas.

Además, las propiedades de la persona que comete el delito son embargadas por el Gobierno de los Estados Unidos.

En las últimas horas, varios Gobiernos con una fuerte cultura de corrupción han comenzado a preocuparse por las derivaciones que este caso podría tener para sus administraciones y su futuro legal. Sospechan que este es un primer paso dado por la Justicia norteamericana que podría tener consecuencias todavía más severas para algunos funcionarios comprometidos con causas más escandalosas.