El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Donoso Castex, cuestionó con dureza la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Y advirtió que es "evidente" que "una reforma de esta naturaleza tendrá planteos jurídicos inmediatos, de inconstitucionalidad, medidas cautelares".
"Esto es evidente que va a ocurrir, no es hacer futurología, sino que es evidente que va a ocurrir porque (el Código Procesal Penal) está implementado con una muy mala técnica en cuanto a lo legal", insistió.
El fiscal se refirió así al conflicto desatado por las leyes complementarias requeridas para la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, motorizado por la Casa Rosada y sancionado el año pasado por el Congreso nacional.
Sobre este punto, el titular de la Asociación de Fiscales dijo, además, que este instrumento "al personal capacitado de muchos años, gente formada y de experiencia, lo está poniendo en una situación de precariedad laboral alarmante porque lo pretende pasar a tareas administrativas, quitándole posibilidad de injerencia o de colaboración con los magistrados".
"Lo que uno observa en relación al Ministerio Público Fiscal es la enorme cantidad de gente que ha ingresado en el último tiempo, creando una gran cantidad de estructuras con supuestos (argumentos de) beneficios que no se observan. Es impresionante", se lamentó.
Y aseguró que "de sancionarse esta ley, permitiría a la procuradora general de la Nación (Alejandra Gils Carbó) no solo confirmar estos nombramientos de fiscales, sino que le daría las facultades de seguir nombrando gente en forma discrecional".
En declaraciones a radio Continental, Donoso Castex insistió en apuntar a la Casa Rosada al denunciar los "intentos en los últimos meses de cuestionar, criticar, atacar e intentar desplazar a cualquier magistrado, juez o fiscal, que pretende avanzar en investigaciones" que involucran a funcionarios nacionales.
Al respecto, ironizó: "Cualquier comentario, aunque sea menor, de un fiscal que va para el lado que el poder pretende, entonces es ensalzado y poco menos que propuesto para la Corte Interamericana de Derechos (Humanos), la Corte Internacional. Esto es un dislate total".
En ese marco, culpó al gobierno del "clima enrarecido" y el "miedo" con el que trabajan algunos que fiscales.
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