"Los puestos de La Salada tienen su base en casi 50 mil talleres clandestinos"

En medio de la polémica por el megaoperativo de desalojo en La Salada, el titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, denunció que los 10 mil puestos que fueron demolidos por estar en infracción dentro de la feria, "tienen su base en casi 50 mil talleres clandestinos en Villa Celina, barrio Olimpo, Burzaco y Capital Federal, con trata de personas, trabajo esclavo, droga, contrabando y prostitución, que hacen de este complejo un reino de la ilegalidad difícil de frenar".

Para el legislador con el operativo de ayer, "lo único que han hecho es agarrar al sector más vulnerable para apañar a otro sector". Y argumentó: "Le han sacado la competencia desleal a los señores Jorge Castillo (administrador de La Salada) y Antequera, que tienen todo en forma absolutamente irregular. Si vos tenés un reino de la ilegalidad con Castillo a la cabeza, obviamente los demás se creen también con derecho a armar ferias ilegales, o sea, en la ley de la selva todo el mundo se cree con derecho de morder al otro".

Por su parte, Castillo aseguró ayer que el operativo no tuvo nada que ver con el complejo que él coordina. No obstante, el ex titular del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), Enrique Martínez, acusó en el portal "Hoy" que hizo un informe en el que señala que si blanqueara los talleres clandestinos y pusiera bajo convenio a los trabajadores en negro, igualmente La Salada estaría vendiendo un 43% más barato que en los shoppings, es decir, que todo esto parece darse por una cuestión de avaricia, ambición y de no querer cumplir con la ley".

"La Salada financia campañas electorales del oficialismo y de la oposición, tanto Antequera como Castillo, regularmente aportan a la Policía Bonaerense y esto lo sabe todo el mundo. Aparte se combinan otro tipo de delitos, como venta de droga y material contrabandeado, trabajo esclavo en miles de talleres clandestinos, trata de personas y prostitución, delitos que también andan dando vueltas por sobre esta isla de la ilegalidad", sentenció Vera.

De acuerdo a la denuncia de La Alameda, se estima que 50 mil talleres textiles clandestinos proveen de mercadería a La Salada. Hasta su propio administrador -acusan- admitió que no se dan facturas y que hay trabajo infantil. Además, agregó que hay cerca de 60 mil puestos que facturan más de 300 millones de pesos diarios.

"El fabricante clandestino, liberado de toda estructura impositiva o de trabajo formal, asume la venta directa de su producción en La Salada, por ello sólo tiene costos de alrededor del 20% del precio de la prenda. El resto es ganancia y en esta locura nos es forzoso reconocer la formación singular de un delirio y notemos que vale la pena ubicar en el espacio social los lugares asignados a los funcionarios corruptos que alientan la venta ilegal, responsables de la ruptura de la estructura legal vigente", explicó Osvaldo Buscaya.

De acuerdo a lo detallado en la denuncia, 20 hectáreas ocupan tres ferias que constituyen La Salada: Enrique "Quique" Antequera a cargo de Urkupiña (15 mil puestos) -en honor a la Virgen más popular de Bolivia-, luego Ocean (15 mil puestos) y Punta Mogotes (con dos pisos y 30 mil puestos) que controla desde su oficina en Puerto Madero, Jorge Castillo. Los puestos de 2, 3 o 4 m2, los talleristas pagan entre $500 a $1000 en efectivo por día. Si lo desean comprar, vale U$S 100.000 Los tours de compra llegan tanto de países limítrofes como de Misiones o Jujuy. En estos micros se trafican a los costureros y hasta drogas como se ha dejado constancia en varias denuncias anteriores.

La Alameda con Gustavo Vera junto a la CGT a través de Julio Piumato denunció 40 talleres que proveen a La Salada. La denuncia se radicó primero en AFIP y luego se abrió una causa penal en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº4, a cargo de Ariel Lijo. El expediente judicial es el Nº 1827/13. De estos talleres se registró con cámara oculta tres de ellos en la Ciudad de Bs. As.: Emilio Lamarca 2266, Miralla 2938 y Cervantes 2227. En julio de 2013 el juez Lijo incautó la maquinaria de algunos de los talleres que conformaron la primer textil Qom en Formosa, la comunidad La Primavera.