Según el informe "Por una América Latina más segura: una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito", Uruguay es el país que cuenta con más policías por habitantes en la región.
Con 809 efectivos cada 100.000 ciudadanos, el país rioplatense registra más del doble de la media regional, que es de 368 policías.
En Uruguay hay cerca de 30.000 policías ejecutivos. Según consigna El País, el último censo realizado por la Facultad de Ciencias Sociales reveló que el 81% de los funcionarios son ejecutivos; el 9%, administrativos; el 6%, especializados; el 2%, técnico-profesionales y otro 2% forman parte del subescalafón Servicios.
El informe será presentado este jueves en Montevideo, con la presencia del ministro del Interior uruguayo, Eduardo Bonomi, quien aclaró que el aumento de policías no siempre significa una reducción de los delitos.
"Determinar la relación causal entre el tamaño de la policía y el crimen es difícil porque las ciudades y los países con mayores niveles de criminalidad en general tienden a tener fuerzas policiales de mayor tamaño", manifestó Bonomi.
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"La presencia policial es efectiva para reducir los niveles de inseguridad ciudadana, pero lógicamente esto no significa que se deben contratar policías hasta que el delito desaparezca", indica el documento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Para Bonomi, la principal función de la policía deber ser "el control y la prevención", mientras que su éxito o fracaso debe ser medido por su efectividad en el logro de este objetivo.
Uno de los principales déficit que reporte el informe del CAF es el bajo nivel de denuncias que son efectuadas en América Latina. Apenas un 45% de los delitos son reportados a la policía.
Esto se debe a distintos factores: por falta de confianza en la capacidad de la policía para resolver el caso (48%), y por falta de confianza al cuerpo oficial (14%).
Otro gran problema regional que advierte el documento es el ineficiente sistema judicial. En América Latina está la menor cantidad de personas condenadas por delito: 4,5 por cada 100 delitos.
Asimismo, el estudio critica las políticas que prohíben o fomentan la regulación de la producción y comercialización de drogas, en lugar de trabajar para disminuir la demanda.
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