Una contratación que no es un accidente

Carlos García Muñoz, hasta ayer funcionario de la Secretaría de DDHH de la Nación, sobreviviente del centro clandestino la "Mansión Seré", salió recientemente de prisión en España tras cumplir 10 años de condena por violación. La contratación de este exponente de la violencia contra la mujer, que violó y golpeó a su ex mujer, y todo lo hizo, tal como testimonia la abogada de la víctima, delante de la vista de sus hijos, impacta de manera especial debido al uso público de las cuestiones de género de parte de este Gobierno.

La Secretaría que cobijaba como funcionario a García Muñoz tiene un prontuario propio en su haber. Es el mismo organismo que se llamó a silencio con la desaparición de Julio López, Luciano Arruga, Daniel Solano, el asesinato permanente de pibes a manos del gatillo fácil o el asesinato de un militante político como Mariano Ferreyra. Con relación a Salta, es la misma Secretaría que silencia la desnutrición o el índice más alto de feminicidios del país y que logra silenciarse frente a la proliferación de intendentes de su mismo espacio político o de otros, que como Mazzone en El Bordo, son encontrados in fraganti abusando de mujeres y menores y haciendo negocio con la explotación sexual.

Ni qué hablar de las cientos y miles de mujeres desaparecidas o explotadas sexualmente o las miles que han muerto por causa del aborto clandestino que este Gobierno y sus opositores tradicionales defienden. Sin este marco político la contratación podía ser un accidente. Pero lejos de eso, la misma respondió a un patrón y a una política. La designación de García Muñoz habla sobre la consideración que tiene, entre los funcionarios de un área tan sensible y vapuleada como es Derechos Humanos, la violencia contra la mujer.

La historia del sobreviviente del centro clandestino de detención la "Mansión Seré", devenido en funcionario, echa por tierra la pretensión, siempre funcional a las capitulaciones políticas, de que la legítima victimización de personas perseguidas por el terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura otorgaría inmunidad de por vida. Un infundado razonamiento convertido en manipulación. El Gobierno del genocida Milani al frente del Ejército y del espionaje se define por esta política: los cuadros se bajaron para garantizarla.

La autora es senadora provincial de la Pcia. de Salta por el Partido Obrero y candidata a vicegobernadora.