El gobierno de José Mujica, novedoso visto desde el exterior por algunas acciones llamativas que se han hecho conocer en el mundo, termina con una crisis de magnitud con el Poder Judicial.
Para la democracia uruguaya, la separación de Poderes -elemento esencial del Estado de Derecho- ha sido sagrada. Es allí donde se asienta la República. Pero no es ese un concepto que esté demasiado arraigado en el pensamiento político del presidente y su grupo. "Lo político está por encima de lo jurídico" espetó Mujica en la cumbre del Mercosur, en la que corrieron por la puerta trasera a Paraguay y metieron por la ventana a Venezuela.
Esa máxima, que parece inocua, devela que el trípode en el que se asienta el Espíritu de las Leyes queda sujeto a la voluntad del gobernante de turno. Muy cerca de Luis XIV y demasiado lejos de Montesquieu.
Luego de la llegada del Frente Amplio (FA) al poder, algunos militares le hicieron llegar de manera anónima al gobierno datos que sirvieron para dar con los restos de detenidos y luego asesinados por la dictadura militar de hace 40 años. Esto derivó en procesamientos de oficiales de alto rango que cumplen su condena en una cárcel especial, construida para ellos, por el gobierno de Tabaré Vázquez.
A fines de 2014, se conoció que el Poder Ejecutivo manejaba un informe de Cruz Roja en el que se señalaba la necesidad de que dichos militares pasaran a cumplir sus condenas a sus domicilios particulares. Se mencionó que esa organización internacional le pedía al presidente que intercediera con ese objetivo.Las declaraciones públicas de Mujica en ese momento fueron las correctas. No es el presidente quien determina ello, sino el Poder Judicial por las vías correspondientes.
Sin embargo, poco después, la Suprema Corte de Justicia emitió un grave comunicado en el que rechazó la injerencia del gobierno en los procesamientos de esos militares. ¿Qué pasó entre los dichos ajustados de Mujica y esta declaración del órgano máximo del Poder Judicial? La convocatoria al juez de la causa de los militares, al despacho del Secretario de la Presidencia, es decir, de la mano derecha del presidente, para manifestarle que su superior vería con buenos ojos la prisión domiciliaria de tales reclusos.
La invasión de un poder al otro, estaba concretada.
Lo que hizo el Secretario de Presidencia, a pesar de haberlo negado, es muy grave. Pero no es el único encontronazo fuerte entre Ejecutivo y Judicial. Esta misma administración resolvió aumentar el sueldo a los ministros de gobierno. Desde la oposición se advirtió que dicho aumento haría un efecto dominó importante en el Poder Judicial, ya que los sueldos de los miembros de la Suprema Corte están equiparados por vía legal al de los ministros del Ejecutivo. A su vez, el resto de la escala salarial del Poder Judicial, tiene una serie de enganches que se mueve conforme se modifica arriba. En una frase: si se aumentaba el sueldo de los ministros políticos, se aumentaba una cantidad de salarios importantes de los judiciales, que el gobierno debería atender presupuestalmente. Pero el FA negó esa realidad y, como es lógico, el conflicto se instaló.
Para solucionarlo, luego de meses de negociación se envió un proyecto al Parlamento a mediados de diciembre. En él las soluciones no aparecieron y sí se sumaron más desavenencias. Para empezar, el proyecto que constaba de 10 artículos poseía tres que eran inconstitucionales. Se introdujo como aumento salarial, lo que ya constituía un ingreso como partida. Una clara mojada de oreja. Como si fuera poco, el proyecto -convertido en ley por la mayoría automática del FA- introduce modificaciones al presupuesto del Poder Judicial (se requiere ley especial para ello), obligando a responder con sus dineros, siempre dependientes del Ejecutivo, a eventuales demandas.
Parece muy lejana -aunque fue hace pocos meses- aquella mañana dominguera en la estancia presidencial de Anchorena, en la que Mujica invitó a almorzar a los ministros de la Suprema Corte, para charlar de la vida...
No se construye y mantiene la República con charlas de boliche. La República necesita de acciones de gobierno concretas que se asienten en el Estado de Derecho y por ende en la Ley y en la separación irrestricta de los poderes de Estado. Todo lo demás es puro cuento.
El autor es diputado nacional por el Partido Colorado de Uruguay. Licenciado y Diplomado en Ciencia Política.