El juez de Instrucción Marcelo Conlazo Zavalía, indagó a Sandra González y Osvaldo Riopedre, presidenta y director Ejecutivo de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA).
El juez les imputó "haber perjudicado los intereses colectivos de consumidores y usuarios de diversas entidades financieras quebrando su compromiso con ellos para procurar un lucro indebido". Conlazo Zavalía estableció "que estas maniobras se realizaron a través de procesos tramitados ante la Justicia Comercial por la 'Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina' (ADECUA), y que este accionar se repitió en al menos ocho procesos". Las maniobras fueron denunciadas por María Lucila "Pimpi" Colombo cuando era subsecretaria de Defensa del Consumidor durante la gestión en la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno.
Tanto González como Riopedre, las caras más conocidas de ADECUA, fueron indagados la semana pasada. Ambos presentaron escritos en su defensa y no contestaron preguntas. En los últimos días también fueron indagados los abogados que intervinieron en los hechos investigados.
Fueron imputados por el delito de "defraudación" previsto en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal, que reprime con prisión de uno a seis años al que "por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo... el cuidado de... intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".
Según pudo reconstruir Infobae, en el expediente se investigan ocho acuerdos con empresas:
1) Convenio con Tarjeta Naranja S.A. y Galicia Seguros S.A., Expediente 33.707/08 del Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 8, por el que los representantes de ADECUA recibieron $ 700.000 en honorarios
2) Convenio con Banco Santander Rio S.A., Expediente 189.311 del Juzgado Nacional en lo Comercial 15, por el que los representantes de ADECUA recibieron más de $5.000.000 en honorarios
3) Convenio con Banco Galicia y Buenos Aires S.A., expediente 19.060/07 del Juzgado Nacional en lo Comercial 9, por el que los representantes de ADECUA recibieron $ 4.700.000 millones más IVA de honorarios
4) Convenio con Banco Privado de Inversiones, expediente 19.703/07 del Juzgado Nacional en lo Comercial 3, por el que los representantes de ADECUA recibieron $ 550.000 en concepto de honorarios
5) Convenio con CMR Falabella, expediente. 51.216 del Juzgado Nacional en lo Comercial 17, por el que los representantes de ADECUA recibieron $ 500.000 en honorarios
6) Convenio con GPAC/GPPAT Cía. Financiera, expediente. 35.012/07 del Juzgado Nacional en lo Comercial 2, por el que los representantes de ADECUA recibieron $ 600.000 en honorarios
7) Convenio con Distribuidora de Confecciones Johnson´s LTA, expediente 23.224/07 del Juzgado Nacional en lo Comercial 17, en el que todavía no se determinó la cantidad de dinero que recibieron de honorarios
8) Convenio con Club San Jorge, expediente 233.017/07 del Juzgado Nacional en lo Comercial 22, en que tampoco se han determinado los honorarios
El juez Conlazo Zavalía les reprochó en las indagatorias que "se celebraron acuerdos transaccionales con las entidades demandadas sobre los cargos percibidos en sus productos bajo el rubro de seguro de vida, cuyos términos no favorecían a los usuarios y consumidores sino a las mismas empresas, al tiempo que reconocían millonarios honorarios a los imputados, en su carácter de representantes y patrocinantes, los que quedaban a cargo de las propias firmas comerciales".
En los ocho casos reflejados en el expediente, los honorarios de ADECUA superaron los 12 millones de pesos: parte de la documentación de la causa se obtuvo en varios allanamientos -pedidos por el fiscal Marcelo Solimine-, realizados el año pasado en las entidades bancarias y financieras involucradas en el caso.
Fue Solimine quien pidió las indagatorias de todos los representantes de ADECUA involucrados en las maniobras que, en su denuncia, Colombo había descripto como "iniciar acciones judiciales con alcances universales en términos de usuarios y extensos en términos temporales, y concluir transando con las empresas en acuerdos restringidos en términos de beneficiarios y acotados en términos temporales, los que en verdad resultaron un fiasco para los intereses de los consumidores y un desahogo patrimonial para las empresas demandadas".
Según la denuncia la maniobra permitió que "las empresas demandadas eludieran así el pago millonario por las devoluciones objeto de la demanda colectiva, mientras que la gran mayoría de los consumidores se quedó sin cobrar un peso, en orden a la infiel custodia de sus intereses. El resarcimiento pecuniario en términos individuales podía no ser significativo para cada consumidor, pero el acumulado de miles de cuentas habría significado para las empresas un monto millonario que finalmente eludieron desembolsar. Y para mas, los consumidores vieron bloqueada en la practica la posibilidad de sus reclamos, ya que los acuerdos transados por ADECUA cerraron los juicios colectivos en perjuicio de sus intereses económicos, en asuntos en los que precisamente, y según se viera, se torna impracticable la demanda individual".
Cuando el juez Conlazo Zavalía imputó los hechos, señaló, en consonancia con la denuncia que "en la generalidad de los casos se pactaba con los demandados condiciones perjudiciales como un lapso exiguo para que el usuario manifestara su voluntad de no quedar comprendido en el aludido acuerdo, una notificación automática del mismo a los representados a través de facturas o resúmenes, una difusión insuficiente de lo pactado, la carga de presentar pedidos individuales por las sumas a devolver, etc. Esas condiciones afectaron los intereses de los intereses confiados, en tanto redujeron el universo de beneficiarios de una demanda de alcances colectivos, a pesar de lo cual se tuvieron como recompuestos los derechos de los usuarios aunque ni siquiera uno de ellos se hubiera presentado a reclamar un reintegro de sumas".
Según los investigadores, ADECUA pactaba con las empresas para evitar que las demandas las hicieran miles de usuarios afectados -que nunca se enteraron de la posibilidad de reclamar- por las mismas irregularidades. A cambio de suculentos honorarios.
Las empresas, se veían favorecidas porque –a pesar de los honorarios- el pago era menor que si todos los clientes se presentaban a reclamar. Por ejemplo en uno de los casos de los bancos, apenas 27 clientes reclamaron y recibieron un pago –entre todos- de $29.000. Pero los honorarios de ADECUA fueron de $5.000.000
Cuando comenzó el caso González atribuyó la situación a una persecución de Moreno que era el jefe de Colombo y en el juzgado agregó "lo de los honorarios es de los que los cobraron. Yo no cobré un centavo".
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