El Gobierno de Perú prepara una ley para agilizar la búsqueda de unas 15.000 personas que se encuentran desaparecidas por el conflicto interno que afectó al país entre 1980 y 2000, aseguró este miércoles el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega.
El responsable de la Defensoría invocó al Ejecutivo a presentar la ley que "ya cuenta con el consenso de las organizaciones civiles", dijo durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por representantes de la comunidad de Putis, quienes reclaman desde hace 30 años los restos de más de 300 de sus pobladores.
Vega explicó que en los últimos doce años se han exhumado 2.500 cuerpos en todo el país, de los que solo se ha conseguido identificar 1.500 cadáveres para entregarlos a sus familiares.
El Defensor del Pueblo compareció en la rueda de prensa junto a la congresista Marisol Pérez Tello, del conservador Partido Popular Cristiano (PPC).
Eduardo Vega explicó que el proyecto de ley se encuentra actualmente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e instó al Ejecutivo a presentarlo ante el Congreso para que sea debatido y aprobado.
"Se trata de un proyecto que, de convertirse en ley, permitirá contar con una política pública que atienda de manera integral y multidisciplinaria esta problemática", comentó.
Lamentó, además, que Perú no cuente con un sistema eficiente para investigar violaciones contra los derechos humanos y dijo que esto requiere de "un sistema fortalecido y jueces especializados".
"En el marco de esa debilidad, el cambio frecuente de magistrados provoca que casos en investigación como los de Rodrigo Franco, Accomarca, Los Cabitos, e incluso Bagua, estén en riesgo de quebrarse" y se pierda todo lo avanzado, advirtió.
Vega consideró indispensable dar una respuesta adecuada al drama de estas familias que desconocen el paradero de sus seres queridos.
"Se trata de una política específica de búsqueda, identificación y restitución de restos humanos, que no tenga como único objetivo un proceso penal, sino que atienda fines esencialmente humanitarios, así como las necesidades emocionales, materiales, logísticas y de información de los familiares", concluyó.
La congresista Pérez informó que solo en la región andina de Ayacucho, donde el conflicto interno fue más crudo, se calcula que hay 6.000 fosas donde se ocultaron miles de cadáveres.
Pérez también destacó la necesidad de que se revise el sistema de concesión de reparaciones a las víctimas, ya que hasta ahora una mujer violada y con un hijo asesinado solo puede recibir indemnización por uno de los dos conceptos.
"Necesitamos tener una conciencia nacional del tema. Las víctimas son pobres y viven en zonas geográficamente aisladas. No solo han perdido a sus seres queridos, sino que ya llevan esperando tres décadas para vivir en paz", indicó.
Según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el conflicto interno de Perú causó más de 69.000 muertos en todo el país entre 1980 y 1990.
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