El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, estaban prófugos desde el día en que los 43 estudiantes fueron secuestrados por la policía de esa ciudad mexicana y entregados a sicarios de Guerreros Unidos. Después de cinco semanas de arduas búsquedas, las autoridades federales dieron con su paradero.
El lugar donde se habían escondido es impensado para dos personas que han hecho del lujo del narcotráfico un estilo de vida. Ambos estaban en una casa modesta de tres cuartos y techo de lámina en la colonia Santa María Aztahuacán, una zona humilde dentro del Distrito Federal.
La vivienda de color gris presenta golpes en el zaguán de color blanco y algunas ventanas están rotas, según recoge el periódico mexicano Excélsior. En su interior, sólo había una televisión, una mesa y una cama. Visto de afuera, el lugar parecía abandonado.
Abarca y su mujer son señalados de ser los autores materiales de la desaparición forzada y presunto asesinato de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que habían ido a Iguala para recaudar fondos. El tercer sospechoso es el secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores, todavía prófugo.
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La noche del 26 de septiembre, seis estudiantes fueron muertos y otros 43 secuestrados. La Fiscalía baraja la hipótesis de que fueron entregados por policías corruptos de las ciudades de Iguala y de Cocula a sicarios de Guerreros Unidos y que éstos los ejecutaron y enterraron por orden del alcalde y su esposa.
Se cree que Abarca temía que los estudiantes fueran boicotear un acto público de su mujer, quien aspiraba a sucederlo en 2015 al frente de la alcaldía. Pineda es hermana de narcotraficantes y acusada ahora de ser la principal operadora de Guerreros Unidos en Iguala.
Mientras las autoridades federales, con un equipo de forense y un amplio operativo que incluye drones y perros adiestrados, buscan los restos de los estudiantes, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, llamó a mantener la unidad para evitar que otro caso como el de Iguala ocurra.
Recientemente, el Gobierno reconoció que hubo 22.322 desapariciones desde 2006, de las cuales casi 10.000 se produjeron durante la gestión de Peña Nieto. El año pasado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía mexicano, hubo 22.732 homicidios, un promedio de 62 por día. De hecho, las operaciones de búsqueda y los hallazgos de fosas con decenas de cadáveres desconocidos desnudan la cruda realidad que vive a diario México.
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