La Justicia de los Estados Unidos ya tiene en su poder los durísimos informes que se han recolectado en las últimas semanas donde se deja de manifiesto las múltiples irregularidades que el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa en que incurrió durante las denuncias de contaminación hechas contra la petrolera Chevron. Los amicus curiae de la empresa norteamericana se presentaron ante la Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito la tarde del pasado miércoles, donde manifestaron sus diferentes posiciones respecto al conflicto que mezcla corrupción con graves irregularidades procesales.
En favor de Chevron expusieron la organización Legal Momentum, juristas anticorrupción pro derechos humanos, el profesor Robert Blakey, los académicos Keith Rosenn, Francisco Reyes y Raúl Núñez Ojeda, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, especialistas en Derecho Internacional Comercial y la Fundación Legal de Washington.
Los documentos, a los que tuvo acceso Infobae, muestran la dureza con la que los especialistas se refirieron a la estrategia que adoptó el gobierno de Correa y dejó en evidencia las prácticas corruptas que se ejercieron durante las acusaciones. También reprocharon el doble estándar esgrimido por la administración central del Ecuador, que quería defender derechos humanos básicos, violándolos.
Los argumentos profesionales recayeron con dureza, sobre todo, en la actuación del abogado norteamericano Steven Donziger, sospechado de haber sido quien orquestó desde el comienzo la estrategia judicial a favor de Ecuador. Los reproches jurídicos y morales contra Donziger fueron interminables, al punto que fue acusado de violar derechos humanos, a los que decía defender.
"Los defensores de los derechos humanos no avanzan en los derechos humanos violándolos, y el patrón corrupto del fraude, extorsión y el soborno descripto por el Tribunal de Distrito niega los derechos humanos fundamentales al debido proceso legal y a un juicio justo", señala la posición de los juristas anticorrupción y pro derechos humanos que se presentaron el pasado miércoles. Y concluye: "Los derechos humanos, en consecuencia, no pueden ser promovidos a través de medios corruptos", como el que compromete la actuación de Donziger, el abogado de Ecuador.
A continuación, los juristas enumeraron una serie de actividades irregulares que fueron el factor común durante la acusación en contra de Chevron, según aseguraron, como por ejemplo la de "obtener órdenes judiciales a través del soborno", como quedó comprobado.
Por su parte, Robert Blakey también se refirió a la corrupción que envolvió este caso desde el comienzo mismo de la denuncia contra la empresa norteamericana. Blakey, un expero en la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizactions Act), cree que esta normativa es aplicable a lo actuado hasta el momento. Tras hacer un detallado análisis de los alcances de esta ley, el facultativo y ex funcionario pide la aplicación de RICO. "En conclusión, amicus insta a este Tribunal a afirmar la sentencia del tribunal inferior (...) equidad está autorizado a instancias de un particular a demandar bajo (la ley) RICO".
También la Cámara de Comercio de los Estados Unidos se pronunció a favor de Chevron. "Aunque estos resultados probablemente se encuentren en un guión de una película más que en un procedimiento de corte real, es un guión propenso a muchas secuelas del mundo real. El fraude es un problema grave y creciente para las empresas, especialmente aquellos con una presencia transnacional" como el caso de la petrolera. La declaración también recuerda que al momento de la sentencia en Ecuador, la Justicia del país latinoamericano -controlada por el gobierno de Correa- atravesaba un momento de "nula imparcialidad y de poca confianza".
En tanto, fue la Fundación Legal de Washington la que reclamó la total apliación de la ley RICO contra Donziger por corrupción. "Por alguna razón, Donziger no ha sido todavía acusado por sus violaciónes (a la ley) RICO. Pero a la luz de las conclusiones del tribunal de distrito respecto a la naturaleza grave y generalizada de sus actos predicados, Donziger no debe ser acreditado cuando se retrata a sí mismo como una víctima más de una extensión 'absurda' de alcance de RICO" y añade que "como se ha aducido más arriba, las actividades de Donziger tienen mucho más en común con las actividades de las figuras del crimen organizado que se describen en la jurisprudencia RICO que con las empresas legítimas".
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