Este lunes, Cavallo fue imputado por la fiscal Fabiana León a que sea condenado a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Megacanje que implementó en junio de 2001. Según la denuncia, el ministro buscó con la decisión beneficiar a un grupo de bancos, pero para su abogado defensor, Eduardo Oderigo, la acusación "sorprendió" porque "no se citó ninguna prueba a favor" de la acusación.
En el juicio, Cavallo admitió que el Megacanje surgió de un acuerdo con el banquero David Mulford, el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos que representaba los intereses del Credit Suisse First Boston. Para el fiscal, el ex funcionario, a través de esa maniobra "dolosa", quiso salvaguardar a los bancos frente a la desvalorización de sus carteras, al intentar mejorar la calidad de los bonos que tenían y administraban. La operación, mientras estallaba la crisis, desplazó los vencimientos de los títulos hasta 2031, lo que llevó a un incremento de la deuda hasta alcanzar los 55 mil millones de dólares, según peritos de la Corte Suprema.
El abogado desmintió que con la operación se intentó favorecer a la banca al señalar que "el único banco que no tuvo un solo bono" fue el Credit Suisse, el presunto máximo beneficiario de la maniobra. En un intento de desligarlo al ministro, aclaró que los mentores del Megacanje lo diseñaron previamente a su llegada en Economía, por lo que el argumento intenta refutar el presunto negocio privado urdido detrás de la iniciativa.
"Esto es obra de los maldicientes, que siguen diciendo cosas que no dice la causa. No está en juego si el Megacanje fue una operación buena o mala, eso quedó afuera de la investigación. La Cámara Federal dijo que era una decisión política de entonces", amplió el letrado defensor.
"El megacanje como operación delictiva es una falacia, está clarísimo que el doctor Cavallo no cometió delito", concluyó Oderigo.
El delito que se le imputa al ex ministro es el de "negociaciones incompatibles" con la función pública cuando era ministro de Economía, la misma acusación que afronta el Vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone Calcográfica.
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