El autor es presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, abogado, máster en Administración y Políticas Públicas, expositor habitual de Ciudades y Calidad de Vida
Día a día la inseguridad se convierte en una de las mayores pesadillas para los bonaerenses: se han contabilizado 82 delitos por hora en la provincia y las quejas de los ciudadanos permiten palpar que perciben la precariedad del despliegue policial, incapaz de cumplir con el mandato constitucional de proteger su vida y sus bienes.
La seguridad es facultad y responsabilidad de los gobiernos provinciales que tienen, junto al Poder Ejecutivo Nacional, el monopolio del uso de las fuerzas de seguridad policial. Sin embargo, ante el crecimiento del delito en los últimos años, los municipios han tenido que intervenir con mucha firmeza y muy pocos recursos. Por ejemplo, sin la posibilidad de asignar un comisario o tener personal propio armado para combatirlo.
La provincia es quien debe liderar la lucha contra la inseguridad, pero no lo hace. Tampoco el gobierno provincial y el nacional permiten a los municipios diseñar políticas en el área. Por ello es que deberían, al menos, dotarlos de mayores recursos. Por ejemplo, los que se emplean a la abundante publicidad oficial.
Actualmente, para afrontar el problema, debido al abandono de los responsables de ocuparse, según lo establece la Constitución, los gobiernos municipales utilizan partidas propias para suplir la falta de recursos que niega la provincia, y ese dinero que destinan a la protección de los vecinos proviene de recursos que se quitan de otras áreas. La inversión es cada vez mayor: primero se colaboró con las cooperadoras policiales, luego con vales de combustible y más recientemente hubo que desarrollar sistemas tecnológicos como la red de cámaras de seguridad y la puesta en marcha de programas de cuidados comunitarios.
La falta de estrategia política y concentración en el área de seguridad, produce situaciones llamativas que terminan afectando a la sociedad, como el hecho de que en la provincia de Buenos Aires las empresas privadas puedan portar armas y los agentes municipales no, siendo el gobierno local el que mayor cercanía tiene con lo que sucede en la calle.
Entonces, si el gobierno provincial, por ineficacia, no puede combatir el delito, debe, al menos, abandonar la mezquindad política y desconcentrar seriamente en los gobiernos de cercanía los recursos y las facultades para poder brindarle a la ciudadanía una respuesta al flagelo de la inseguridad.
Las autoridades provinciales y en especial el Gobernador Daniel Scioli, deberían dejar de actuar como el perro del hortelano frente a la creciente inseguridad.
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