Mafia del Oro: a 20 años, fijan condenas pero no hay detenidos

"La mafia del oro" fue el nombre con el que se denominó a uno de los escándalos de corrupción que tiñó a la década del ´90 y que 20 años después encuentra sus condenas. Se trató de una maniobra ilegal por la cual, entre 1993 y 1995, se otorgaron reintegros fiscales indebidos por más de 20 millones y por exportaciones de oro manufacturado que nunca existieron o se sobre dimensionaron.

Las penas fueron impuestas a raíz de un juicio abreviado propuesto por la fiscal Stella Maris Scandura, y que implica un acuerdo sobre la misma con las defensas de los imputados, quienes a cambio deben reconocer su responsabilidad en los hechos.

La empresa Casa Piana S.A era una sociedad familiar que llevaban adelantes los hijos del dueño original. A partir de 1993, uno de ellos, Enrique Piana, adquirió la totalidad de las acciones de sus hermanos y puso como su segundo a Miguel Seligman.

Antes de finalizar 1993, la empresa Casa Piana S.A comenzó a efectuar declaraciones ante la Aduana y la DGI de operaciones de exportación de oro manufacturado. Es así que por las mismas, obtuvieron reintegros aduaneros y devoluciones de créditos fiscales por el IVA.

No sólo era ficticio el valor agregado del oro, sino que el reintegro aduanero por la exportación era indebidamente otorgado porque el producto no valía realmente el importe declarado ante aduana.

Enrique Piana y Seligman fueron quienes acordaron la pena y el Tribunal Oral Federal 4 la homologó. El primero recibió una condena de seis años de prisión por 19 hechos de estafa y por asociación ilícita, pero se le impuso una pena única de 8 años y 2 meses a raíz de unificarle otra sentencia de 2006 por contrabando. A Seligman se le fijó la pena de tres años de prisión en suspenso.

De todos modos, ninguno irá detenido, a raíz del tiempo que llevaron ya detenidos. Piana fue juzgado en los EEUU en 1997 y estuvo cinco años detenido -cuatro de ellos en prisión domiciliaria- y en 2002 fue extraditado a la Argentina.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Leopoldo Bruglia impusieron a ambos inhabilitación de cuatro años para ejercer el comercio, y de nueve para ejercer la función pública.

La maniobra de estafa implicó para el Estado una pérdida de 200 millones de dólares por no cobrar aranceles a la importación del oro que venía de Suiza, pero también de 238 millones de dólares por las exportaciones "truchas", pues se enviaba a los EEUU bronce y medallones de acero pero se los declaraba como oro.

El juicio abreviado es una herramienta que por un lado es beneficioso para las defensas, pues de ser juzgados en un debate común se exponen a recibir una mayor pena, y por el otro para el Estado, ya que supone ese proceso una aceleración de los plazos.

Sumadas a las penas fijadas este año, se acordó una probation para el resto de los varios acusados que implican la realización de trabajos comunitarios y devolución de una suma de dinero total que alcanza el millón de pesos.